¡Agua! Un derecho para la vida y la paz, dice Ángela Robledo
Bogotá, Marzo 3 de 2016
A pocos días de la conmemoración del Día Mundial del Agua, la representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela Robledo, llamó la atención sobre la crisis que enfrentan las comunidades rurales en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad a causa de la falta de políticas estatales dirigidas a atender, proveer y promover el agua como un derecho fundamental, un bien público, para la vida humana y la supervivencia del planeta.
“Queremos desde el Congreso de la República llamar la atención acerca del presente y futuro de este líquido precioso, que cada día se vuelve un bien escaso y costoso que nos venden en botellitas contramarcadas y del cual depende la vida y la sostenibilidad de la especie humana, la vida animal y el medio ambiente. El agua no sólo hace parte de nuestro ser vital sino que es esencial para la supervivencia de todos los seres vivos, nuestra salud y seguridad alimentaria y energética depeden de ella y aún no somos conscientes de que escasea y se privatiza”, dijo la congresista Ángela Robledo.
De acuerdo con el DANE (2011) la cobertura del servicio de acueducto en las zonas rurales apenas llega a la mitad de la población 56.3%. Por ejemplo en La Guajira, la falta de agua golpea a casi todo el departamento: El 90% de la población no cuenta con agua potable. En la Alta y Media Guajira, la cobertura de acueducto y alcantarillado apenas cubre el 5,3% de la población.
“Es decir, que el agua, un derecho fundamental, del cual depende la vida y la sobreviviencia de la gente no está resuelto para una buena mayoría de colombianos, lo cual afecta particularmente a niños, jóvenes y mujeres, sobre quienes recae no sólo sus consecuencias, sino la sobrecarga para proveerla”, dijo la congresista Ángela Robledo en la Audiencia Gestión Comunitaria del Agua, realizada en el Congreso de la República y que convocó a líderes de todo el país para discutir la problemática de cerca de 11 mil prestadores del servicio de acueductos comunitarios que compiten con la minería legal, ilegal, los riegos en plantaciones extensas y la desviación de ríos para la construcción de hidroeléctricas y explotación minera a cielo abierto, entre otros, privilengiando la utilización del agua con fines privados, extractivos y de lucro.
Se estima que en el mundo cada día, unos mil niños mueren por causa de enfermedades asociadas a la falta de agua potable y 750 millones de personas tienen serios problemas para acceder al preciado líquido (Unicef, 2015). Una buena parte de los problemas de desnutrición infantil y muerte de niños, niñas y adolescentes en La Guajira están asociados a las falta de acceso a agua potable.
En La Guajira, por ejemplo, casi 5 mil niños (4.171) murieron en un lapso de seis años por desnutrición y causas asociadas a la misma: 278 por desnutrición, 2.691 por enfermedades prevenibles asociadas a la desnutrición y 1.202 muertes fetales, o sea niños que no alcanzaron a nacer (2008 y 2013). Lo anterior significa que en esos años, dos niños murieron cada día por hambre, sed, pobreza y abandono, en un departamento que es extremadamente rico debido a sus recursos naturales, hídricos y nutrida biodiversidad.
En un departamento donde la gente muere de sed, el desvío de 26 kilómetros del Río Ranchería, que prácticamente atraviesa toda La Guajira, para favorecer la explotación de carbón a cielo abierto que realiza la Empresa Cerrejón y que según estimaciones podría tratarse de la pérdida de 32 millones de metros cúbicos de la capacidad de almacenamiento de agua subterránea para explotar 500 millones de toneladas de carbón -cuyos recursos se van principalmente a los bolsillos de las multinacionales-, es considerado un crimen de lesa humanidad.
Es frente a este contexto que las comunidades se han organizado en muchos lugares del país para garantizar el suministro de agua a comunidades históricamente marginadas, defendiendo el cuidado de ríos y cuencas y aportando al cuidado de lo público a partir de la autogestión del agua, la organización del trabajo solidario en las comunidades, la solución concertada de conflictos y la apropiación y defensa del territorio, entre otros.
De acuerdo con Angela Robledo “Es urgente recoger las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para construir colectivamente con quienes gestionan en las comunidades el agua a fin de reconocer no sólo sus intereses, fortalezas y necesidades, sino que incluya y garantice las particularidades y los enfoques diferenciales de las minorías y las diversidades étnicas y territoriales, donde se respete la biodiversidad, el medio ambiente y el agua como un derecho fundamental que debe ser provisto y gestionado por el Estado, en un mundo amenzado por la sequía y el cambio climático”.
A la audiencia convocada por los representantes a la Cámara Ángela Robledo, Víctor Correa y el senador Luis Evelis Andrade, en alianza con la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, asistieron unos 300 líderes gestores del agua de Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Caribe, Nariño, Meta y Boyacá.
PRENSA 3202343806 MARGARITA SARMIENTO