Necesitamos saldar la deuda histórica con la mujer rural

Bogotá, D.C., Agosto 10 de 2021.- En el marco de la Audiencia pública ‘Desafíos de la tenencia de la tierra para las mujeres colombianas’ que se realizó en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, las legisladoras convocantes, Ángela María Robledo y Aída Avella, denunciaron que los mecanismos normativos relacionados con la implementación de políticas rurales con enfoque de género, no se han materializado a la fecha de manera efectiva, ni en materia de acceso a la tierra, al empleo y a proyectos de vida para las mujeres rurales.

Para la Representante a la Cámara, Ángela María Robledo, es claro que esta falta de implementación, igualmente se ve obstaculizada por la evidente desarticulación institucional, la ausencia del Estado en múltiples territorios, las barreras burocráticas, las dificultades de acceso a la justicia y la falta de formación de los funcionarios públicos con una perspectiva de derechos humanos y de género.

“Yo hago un llamado a la Procuraduría, a la Defensoría y a la Contraloría para que actúen como organismos de control y no como entidades afectas al Gobierno, porque quienes son las cabezas de estas entidades son muy cercanas a éste y al parecer no están haciendo un control en favor de la ciudadanía” indicó la Representante Robledo.

A juicio de la abogada de la Corporación DeJusticia, Ana Jimena Bautista, las cifras hablan por sí solas.

“Infortunadamente a la fecha, del total de las 1.120.328,23 hectáreas formalizadas, solo el 30,4% corresponde a titulares mujeres y el 69,3% a hombres, y de los baldíos formalizados, solo 594 predios de 36.634 corresponden al periodo del Acuerdo de Paz, es decir, a partir de 2017 a la fecha. En este punto es de aclarar que el 99% de las hectáreas formalizadas no corresponde a la gestión real de la ANT en el marco del Acuerdo de Paz” explicó la abogada, quien agregó que, urgen esfuerzos para cumplir la meta de los 3 millones de hectáreas para campesinas/os sin tierra y sin tierra insuficiente, y en el cumplimiento de esta meta debe beneficiarse de manera prioritaria a las mujeres, “A 31 de marzo del presente año, sólo se han adjudicado de esos 3 millones de hectáreas, 9.034,87 Has, es decir el 0,.3% de la meta del acuerdo y se han reconocido de las 7 millones de hectáreas que se tienen como meta según el Acuerdo final, 2.065.215,71, que corresponde al 29,5%”.

En el mismo sentido, la abogada Paula Villa de la Comisión Colombiana de Juristas, manifestó su preocupación sobre los pocos avances en la implementación del punto uno del Acuerdo de Paz, en lo que tiene que ver con acceso a tierra y uso del suelo rural. Al respecto indicó que, en un reciente informe que lanzaron como organización, “encontramos que a pesar que las mujeres representan el 53% de las personas beneficiarias, éstas han recibido menos tierra que los hombres beneficiarios, solo el 1.7 de hectáreas, frente a 3.4 há que han recibido los hombres”.

Adicionalmente manifestó que identificaron a la fecha, luego de cuatro años de implementación del Acuerdo de Paz, que solo 375 mujeres en todo el país han sido beneficiarias del subsidio Integral para Compra de tierras y que “infortunadamente, las diferentes medidas relacionadas con al acceso a tierra y uso del suelo rural no se identifican acciones particulares que garantice los derechos que al respecto tienen las mujeres LBT¹”.

Para las Congresistas, quienes insistieron en el cumplimiento de la Acuerdo de Paz, la situación de seguridad para las mujeres se ha ido agravando durante los últimos años, los ataques están dirigidos principalmente contra las mujeres rurales, incluidas las dirigentes campesinas y las lideresas indígenas y afrodescendientes, como consecuencia de sus luchas por el acceso y la restitución de la tierra, la protección del medio ambiente y la sustitución de los cultivos de uso ilícito.

“El tema de tierras no es accesorio ni es el único. Es un factor central, clave e indispensable. Primero la Tierra y con ella el reconocimiento político – cultural; con ella, el territorio, que comprende las personas que lo habitan sus costumbres y tradiciones. Así mismo el financiamiento agropecuario, el fomento y apoyo de las economías campesinas, familiares y comunitarias. Pero hay que distribuir la tierra y garantizar el acceso a las mujeres», señaló la Senadora Aída Avella.

En el desarrollo de la Audiencia, la lideresa ambiental, Isabel Cristina Zuleta en Representación del Movimiento Ríos Vivos, cuestionó a la Consejera Presidencial para la Equidad de la mujer, Gheidy Gallo, presente en el evento, sobre quiénes son los dueños de la tierra en el país. Para la lideresa, es fundamental saber quiénes son, por cuanto, en su territorio, los principales tenedores son multinacionales mineras, que buscan de una u otra manera sacarlas del territorio, incluso a pesar de tener los títulos que las acreditan.

“Cuando nosotros sabemos quiénes son los dueños, cuando nosotros empezamos a buscar los dueños, por lo menos en mi territorio, encontramos que el principal dueño de la tierra es el proyecto Hidroituango, es Empresas Publicas de Medellín, es la familia Angulo, una familia poderosísima de paramilitares en el territorio, entonces si no sabemos quiénes son los dueños de la tierra, no tengamos la aspiración de que las mujeres lo seamos” concluyó Isabel Cristina Zuleta.

Para Nelly Velandia, de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia – ANMUCIC -, lo primero que tiene que hacer el Estado es reconocer la situación de las mujeres rurales y pasar a la acción.

“Nosotras hemos luchado por políticas públicas desde hace más de 30 años insistiendo para que a la mujer se le titule su propiedad, pero todavía estamos muy lejos de que esto se haga realidad por falta de voluntad política. El gobierno debe agilizar los mecanismos que faciliten el acceso a la tierra a las mujeres. Este reconocimiento pasa también porque la institucionalidad debe tener funcionarios que estén capacitados y que entiendan cuáles son las realidades de las mujeres” indico Velandia.

Finalmente, la Senadora Aída Avella y la Representante a la Cámara, Ángela María Robledo, instaron al Gobierno nacional adopte lo más pronto posible una política pública integral, que incluya y fortalezca las medidas que vienen desarrollándose desde años anteriores por lideresas y defensoras de derechos humanos, así como la aplicación de un enfoque de género, diferencial e interseccional, que garantice el respeto y la protección de las mujeres, niñas y adolescentes, especialmente en zonas rurales o quienes se encuentran en especial vulnerabilidad socioeconómica.

[1] mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans (LBT).