La Campaña Paz Completa, conformada por movimientos sociales y políticos, organizaciones de derechos humanos y congresistas, entre los que se encuentra Ángela María, convocaron a un conversatorio sobre la importancia de iniciar cuanto antes una negociación pública con el ELN, entendiendo sus diferencias con las FARC y exigiendo un cese de hostilidades. Luego del conversatorio los líderes reunidos firmaron y radicaron una carta en el Nuncio Apostólico, donde muestran el clamor de una Colombia por una Paz Completa.
Asistió a las reuniones y sesiones del Consejo Nacional de Paz, donde hizo un llamado para superar los momentos difíciles de los diálogos de paz, impulsando la importancia del Consejo como espacio de expresión de la sociedad civil y órgano asesor del Gobierno Nacional en los procesos de paz.
La congresista y el senador Iván Cepeda invitaron al Concejo de El Carmen de Chucurí (Santander) a realizar un encuentro para escuchar las preocupaciones de las víctimas del conflicto. La Representante afirmó que son inaceptables las acciones violentas emprendidas por el ELN y expresó que urge continuar desarrollando acercamientos con el ELN y enfrentar las expresiones violentas como el paramilitarismo.
La Campaña Paz Completa, de la cual hace parte Ángela María, hicieron un llamado para conformar una comisión que ayude a concretar el avance de la fase pública del proceso entre Gobierno y ELN.
Participó en el foro “Los retos de la sociedad civil para la construcción de paz en el posconflicto” convocada por FESCOL, Friedrich Ebert Foundation.
Participó en el foro nacional sobre el “Fin del conflicto” y “Refrendación, Implementación y Verificación”, cuyo objetivo fue facilitar un proceso de participación de la sociedad civil y de la ciudadanía para la búsqueda de soluciones y propuestas concretas sobre los puntos 3: Fin del Conflicto y 6: Implementación, Verificación y Refrendación del Acuerdo General para la terminación del conflicto.
Participó en el panel sobre los avances y tensiones del proceso de paz en La Habana con las FARC y el proceso con el ELN, organizado por el nodo mujeres autónomas de paz, una iniciativa de pedagogía social de mujeres.
Se reunió con la Comisión Política del Frente Amplio con el fin de evaluar:
1. Las reformas institucionales planteadas por el gobierno en relación con los acuerdos de paz (Comisión Especial de Paz, Plebiscito Ratificatorio de los Acuerdos de Paz, Zonas de Concentración)
2. La coyuntura y ejes para la acción del Frente Amplio en el año 2016.
Participó en el Seminario Prospectivo: Movimientos sociales, implementación de los acuerdos de La Habana y construcción de Paz. Allí la Representante fue panelista de la sesión: Participación política ¿nueva apertura democrática?
Participó en el conversatorio “Por una Paz Completa: Percepciones de las organizaciones sociales sobre los desafíos del proceso de paz con el ELN”.
Promovió, junto con el Congreso de la República, el Consejo Nacional de Paz, la Oficina de Alto Comisionado de Paz, el Ministerio del Posconflicto, Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, FESCOL, y Naciones Unidas, la tercera ronda de mesas regionales para contribuir al fin del conflicto. Estas mesas buscan identificar retos y propuestas sobre la implementación participativa de los acuerdos de paz, su articulación con los planes de desarrollo, las agendas de paz y otras instancias territoriales, y los mecanismos para apoyar e impulsar los Consejos Territoriales de paz. La primera de ellas se realizó entre el 12 y 13 de mayo en Florencia, Caquetá.
Realizó debate de control político al Ministerio de Salud y su Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado (PAPSIVI) y a la Unidad de Víctimas, en el cual denunció que el gobierno sólo ha atendido a menos de 200 mil personas, entre 2013 y 2016, lo que equivale al 2,5% de esta población. También afirmó que antes de avanzar en una política pública de atención integral a víctimas el gobierno Santos ha retrocedido en la atención recortando el presupuesto y, por ende, disminuyendo las personas atendidas.
Acompañó la iniciativa juvenil de objetores de conciencia que piden al proceso de paz que se declare una amnistía de los más de 700 mil jóvenes remisos. Para ello presentó una constancia ante la plenaria invitando a los demás congresistas acompañar esta iniciativa de paz y de servicio social para la paz.
Realizó, junto con los congresistas Iván Cepeda Castro, Alirio Uribe Muñoz y Harry González, una audiencia pública, el 2 de junio, en el Salón Boyacá, del Capitolio Nacional, en la que se discutió acerca de: “El papel que cumplen los lugares de memoria en los contextos de conflicto, de tránsito hacia la Paz y en la materialización de los acuerdos de Paz”.
Participó en el foro “Los retos de la sociedad civil para la construcción de paz en el posconflicto” convocada por FESCOL, Friedrich Ebert Foundation. En la que resaltó en especial los avances del proceso de paz de La Habana en la incorporación de aspectos de equidad de género, así como los retos de las mujeres para la construcción de la paz.
Asistió al conversatorio “Por una Paz Completa: Percepciones de las organizaciones sociales sobre los desafíos del proceso de paz con el ELN” convocado por el Programa Puentes para la Paz. Ha asistido a varias reuniones con otros parlamentarios, varias organizaciones de la sociedad civil y la academia para apoyar el proceso de paz entre el Gobierno y el ELN.
Participa de la Subcomisión de pedagogía, cultura y comunicaciones integrada por algunos miembros del Consejo Nacional de Paz que ha diseñado un plan de trabajo con lineamientos y rutas para movilizar la ciudadanía a través de procesos de pedagogía, comunicación pública e información hacia la construcción de cultura de paz.
Educación
Escuchó al Frente Amplio por la Educación sobre la “Presentación de una propuesta de financiación de la educación”.
Infancia, Niñez y Adolescencia
En el marco del día internacional de las Manos Rojas, que promueve la erradicación del uso y reclutamiento de niños en la guerra, la Representante pidió garantías de no repetición para niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto.
Se reunió con la FUCAI, Fundación Caminos de Identidad, con el fin de discutir sobre la situación en la Guajira.
Participó en la mesa de seguimiento a la responsabilidad penal adolescente, escenario que fue constituido a partir de la proposición de la congresista, y donde participan las distintas entidades que implementan y evalúan dicha política, en especial tuvo la presencia del Ministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado.
Asistió a una reunión con el Vice Ministro de Justicia y la Dirección de política criminal y penitenciaria donde recibió el informe de la comisión de seguimiento al sistema de responsabilidad adolescente. A partir de esta reunión se solicitó información mediante derechos de petición al Ministerio de Educación y al ICBF relacionado con las obligaciones respecto al servicio de educación a los jóvenes adolescentes involucrados en el SRPA, dicha información será procesada para futuras acciones de control político a que haya lugar.
Acompañó la iniciativa ciudadana “Mantas Negras” cuyo objetivo era visibilizar en la Plaza de Bolívar los miles de niños y niñas que han muerto a causa de desnutrición, una vez más la congresista presento ante la plenaria las denuncias respecto a la escasa atención rente a esta grave problemática.
Se reunió con la FUCAI, Fundación Caminos de Identidad, con el fin de discutir sobre la situación en la Guajira.
Mujeres
Incentivó la creación del movimiento Un Millón de Mujeres de Paz con el fin de vincular a un millón de mujeres en tareas de la refrendación, movilización y construcción de paz mediante actividades de pedagogía, difusión y movilización en todos los territorios del país y en el exterior, donde viven muchas colombianas exiliadas por la violencia.
Participó en la III Jornada Interacional: Mujeres, derechos humanos y paz en Colombia que se llevó a cabo en Valencia, España. Allí centró su ponencia en los avances de las mujeres en los acuerdos parciales de paz alcanzados en el proceso de diálogo que adelantan la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Destacó que desde distintos escenarios las mujeres han venido impulsando sus agendas tanto desde las organizaciones sociales y ciudadanas, pasando por los liderazgos políticos hasta las mismas víctimas, quienes han tenido un protagonismo central frente a lo avanzado en los acuerdos.
Radicó una carta, junto con otros congresistas y organizaciones sociales, donde exigía al presidente Juan Manuel Santos que presentara una terna conformada solo por mujeres para la elección del defensor de Pueblo, Jorge Otálora, luego del escándalo sobre un presunto acoso laboral y sexual a su exsecretaria privada Astrid Helena Cristancho. Frente a las acusaciones, la congresista afirmó que nada justifica la violencia contra las mujeres, ni laboral, ni simbólica y menos sexual como es el caso de Astrid Helena Cristancho, víctima de todas ellas y del abuso de poder de un funcionario público que tiene por mandato defender los derechos humanos de la ciudadanía.
Participó en varios conversatorios y reuniones de la Mesa de Economía del Cuidado compuesta por varias organizaciones sociales que avanzan en el diseño y construcción de una metodología que permita avanzar en la construcción de las bases de un Sistema Nacional del Cuidado incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
Participó en el panel sobre la brecha salarial en Colombia, en el marco de la celebración del día de la Mujer el 8 de marzo, donde se discutió sobre el proyecto de ley 165 de 2015 por medio del cual se modifica la Ley 1496 de 2011 con el fin de garantizar un cumplimiento efectivo de las disposiciones de dicha ley y una igualdad real en materia salarial sin discriminación por razón de género o sexo; buscando así, proteger los derechos de la mujer y crear condiciones de acceso laboral adecuadas y justas en un mercado competitivo.
Es autora del Proyecto de Ley de Prima de Servicios Domésticos aprobado en la Plenaria de Senado. La Ley les reconoce a las trabajadoras domésticas el derecho a una prima de servicios tal y como ocurre con todos los demás empleados, lo cual representa un avance normativo para las políticas de formalización y trabajo decente en el sector. Esta ley beneficia a más de 710 mil trabajadores del servicio doméstico de los cuales el 95% son mujeres, quienes principalmente realizan labores de economía del cuidado, es decir, se dedican a la atención de los hogares, el cuidado de niños, ancianos y enfermos, entre otros.
Participa en las reuniones mensuales de la Mesa de Economía del Cuidado de la cual hacen parte varias organizaciones sociales, entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y sindicales, donde se ha venido construyendo una propuesta para completar la labor de la Ley 1413 de 2010 y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 para construir las bases para un Sistema Nacional de Cuidado que permita el reconocimiento y la redistribución del trabajo realizado principalmente por las mujeres en Colombia.
Participa en la Mesa de discusión del Proyecto de Ley sobre reforma a la Ley 1496 de 2011 por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y la retribución laboral entre mujeres y hombres. En esta mesa participan diversas organizaciones sociales, sindicales, civiles y otros parlamentarios en la búsqueda de hacer realidad una mayor equidad laboral para las mujeres, particularmente aplicando el principio de igual remuneración por un trabajo de igual valor, consagrado en el Convenio 100 de la OIT.
Participa en las reuniones de la Comisión de Seguimiento de la Ley 1257 de 2008 –violencia contra las mujeres y 1719 de 2014 –violencia sexual en el conflicto armado, donde se han presentado distintos informes de entidades como la Defensoría, Procuraduría, Ministerio de Salud, entre otros responsables. La Representante ha insistido en la necesidad de realizar un debate de control político frente a la lentitud y límites de las actuaciones oportunas institucionales en la protección de los derechos de las mujeres en estos contextos de violencia.
Hizo parte del libro Mujeres, Paz, Política y Poder de Constanza Vieira y Chila Pineda donde relata la dificultad que implica para las mujeres hacerse un lugar en el mundo del poder que ha sido históricamente privilegio de los hombres; así como la búsqueda de un país sin guerra, con paz y justicia social.
Justicia
Radicó, junto con otros congresistas y la Asociación Colombiana de Actores (ACA), el proyecto de ley del actor. A través de esta ley se reconoce la profesionalización de la actuación y se protegen los derechos laborales de los actores y actrices colombianos teniendo en cuenta sus problemáticas relacionadas con la alta intermitencia laboral, volatilidad de sus ingresos, acceso efectivo a la pensión, entre otros. La Ley destaca la necesidad de reconocer y proteger la actuación como una actividad generadora de desarrollo y patrimonio cultural de la nación.
Ángela Robledo, lideró el Proyecto No. 136 de 2015, por medio del cual se garantiza el acceso en condiciones de universalidad al derecho prestacional de pago de prima de servicios para trabajadoras domésticas. En la Ponencia aprobada se incorporó una Mesa de Seguimiento a la implementación del Convenio 189 de la OIT que con la participación del gobierno, los empleadores y las organizaciones de trabajadores (as) que tendrá por objeto formular una política pública para promover el trabajo decente en el sector del trabajo doméstico no remunerado.
Participó en el foro “Bogotá, hacia dónde vamos”, donde se trataron temas como la visión de ciudad en el plan de desarrollo, el posacuerdo y derecho a la ciudad, la democracia local y participación, los conflictos en el ordenamiento territorial y la movilidad.
Mediante derecho de petición se solicitó ante las Secretarías Distritales de Planeación y Hacienda las razones y especificaciones de la suspensión presupuestal adoptadas para la vigencia 2016, y los impactos en el cumplimiento de metas en el Plan de Desarrollo del Distrito vigente. Al respecto alertó que la suspensión tiene un impacto negativo en el cumplimiento de los servicios que prestan las entidades a los ciudadanos en especial a población vulnerables.
Realizó, junto con los congresistas Inti Asprilla, Alirio Uribe, Germán Navas y Carlos Guevara, un Foro sobre las políticas sociales del Plan de Desarrollo de Bogotá 2016-2019. En este Foro la parlamentaria aseguró que de venderse la ETB, cuyo valor estimado es de $ 3.6 billones, solo $ 211 mil millones irán a la política social para la construcción de colegios y no para la inversión social sostenida. Así mismo, afirmó que en el Plan de Desarrollo presentado por Peñalosa se incluye la venta de la EPS Salud Capital, empresa mixta que ha recibido enormes recursos públicos.
Asiste y apoya distintas iniciativas de defensa de lo público, en particular hace parte de la coalición de parlamentarios y organizaciones sociales y sindicales que se oponen a la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB.
Cerros orientales: intervención ciudadana en el marco del desacato interpuesto por el Ministerio de Vivienda contra la anterior administración distrital en el marco del cumplimiento del fallo de cerros orientales. La Representante le solicitó al Magistrado Palomino - encargado de verificar el cumplimiento del fallo- que desestimara el desacato en tanto el Ministerio de Vivienda no es competente para ello; que los actos expedidos por la anterior administración acataron las órdenes del fallo en sentido general y específico, y propendieron por la defensa del derecho colectivo al ambiente sano.
Denunció un supuesto carrusel de impedimentos en la Alcaldía de Bogotá. Según la Representante, algunos funcionarios de la administración distrital, en cabeza de Enrique Peñalosa, podrían tener un conflicto de intereses frente a las decisiones que buscan cambiar el uso del suelo de la reserva forestal Thomas Van Der Hammen. Entre los funcionarios están:
- Andrés Ortíz, Secretario de Planeación, tiene un predio de 2 mil metros cuadrados en la Reserva.
- Sandra Rozo, Directora de Bienes Raíces de la Empresa de Acueducto, encargada de la compra de predios en la Reserva.
- Camilo Santamaría, asesor del Distrito en temas de desarrollo del proyecto Ciudad Norte y quien fuera antes asesor de propietarios y vecinos de la Reserva.
- Francisco Cruz, actual Secretario Distrital de Ambiente quien fue hasta el año pasado (2015) Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entidad responsable del manejo ambiental de la Reserva.
- Solicitó a diferentes entidades de la administración Distrital, como la Secretaría de Habitat, Secretaría de Planeación, Etb, Secretaría de Hacienda, Acueducto de Bogotá, entre otras, concepto acerca de la viabilidad de redes en la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen.
Participó en el debate de control político al Alcalde Mayor de Bogotá, el Director de la CAR y el Ministro de Ambiente sobre la Reserva Thomas van der Hammen y su importancia ambiental para la ciudad. En el debate resaltó los conflictos de interés de la actual Administración Distrital frente a la propuesta de urbanización de la Reserva van der Hammen y la necesidad en la protección de este territorio.
Convocó, junto con otros congresistas, a una audiencia pública sobre las Tierras y la Mujer Rural con el fin de hacer seguimiento a políticas de la mujer rural. El propósito de esta audiencia fue analizar el balance del cumplimiento de la Ley 731 de 2002, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos, y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.
Convocó, junto con otros congresistas, a la audiencia pública sobre la Gestión Comunitaria del Agua, donde alertó sobre la crisis que enfrentan las comunidades rurales en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad a causa de la falta de políticas estatales dirigidas a atender, proveer y promover el agua como un derecho fundamental, un bien público, para la vida humana y la supervivencia del planeta.
Participó en la audiencia El Mejor Metro para Bogotá, en donde la congresista aseguró que “el metro no es un buen negocio para Enrique Peñalosa porque impulsar Transmilenio sigue beneficiando a los grandes empresarios del transporte de los que Peñalosa hace parte”. Así mismo, fue enfática en señalar que los bogotanos llevamos más de 70 años soñando con un metro que hoy con Enrique Peñalosa vuelve a convertirse en una enorme frustración para la ciudadanía bogotana: “El metro para Bogotá es un derecho ciudadano y un mal negocio para Peñalosa”.
Participó en la audiencia pública sobre vendedores informales en Bogotá, donde afirmó que: “Enrique Peñalosa viola la Constitución nacional y desconoce las sentencias y obligaciones del país de proteger a ciudadanos que buscan su sustento mediante la venta informal”. De igual manera, señaló que: “Este dilema entre ciudadanos y ciudadanas que sufren la invasión del espacio público y una ciudadanía en pobreza y falta de oportunidades laborales y de vida, plantea un reto enorme de construcción de política pública y de resolución de conflictos entre derechos por una vía democrática”.
Convocó y participó en la audiencia pública acerca del proyecto de ley por medio del cual se prohíben las cirugías estéticas y otros procedimientos a menores de edad. Dicho proyecto tendrá discusión en los próximos días en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
Participó en el debate de control político al Alcalde Mayor de Bogotá, el Director de la CAR y el Ministro de Ambiente sobre la Reserva Thomas van der Hammen y su importancia ambiental para la ciudad. En el debate aseguró que funcionarios que acompañan la administración de Enrique Peñalosa estarían atentando contra la moralidad administrativa contemplada en la Sentencia de la Corte Constitucional C-046 de 1994 y deberían declarar públicamente su conflicto de intereses por poseer predios en la Reserva.
La Representante Ángela María Robledo ante la reforma del Código de Policía realizó un trabajo detallado en función de buscar contener un articulado que afecta las libertades individuales, propuso a la plenaria de la Cámara de Representantes archivar el proyecto ley; sin embargo, fue negada. De todas formas, presentó diversas proposiciones para modificar los artículos a favor de un código garantista, donde la policía cumpla más las funciones de convivencia y resolución de conflictos de los ciudadanos, en especial los derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres.
El 18 de mayo, junto con el representante Alirio Uribe Muñoz, citó a la directora de la Unidad para las Víctimas, Paula Gaviria Betancur y al ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, a debate de control político, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en el que se discutió acerca de: “La atención psicosocial y la salud integral a víctimas”. En este debate la representante afirmó que: “El gobierno del Presidente Santos debe comprometerse genuinamente con una política integral de atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado y que hoy se estiman más de ocho millones (8 millones – Registro Único de Víctimas, abril 1 de 2016) de las cuales solo se han atendido doscientas mil (198.377 – Ministerio de Salud)”.
Participó en el debate de control político sobre Atención Psicosocial de la Comisión Séptima.
Atendió el foro sobre el papel del trabajo en la construcción de la paz organizado por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
Participó en el debate de control político de la Comisión Legal de la Mujer sobre la Dirección de Mujer Rural en donde exigió al Ministro de Agricultura cumplir con la puesta en marcha de la Dirección y avanzar de manera contundente en la construcción participativa de la política pública de mujer rural, de acuerdo con lo establecido en el artículo 232 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. También advirtió la urgencia de implementar y financiar La Ley 731 de 2002 de mujer rural.
Los congresistas Ángela María Robledo, Alirio Uribe e Iván Cepeda, junto con la Red Colombiana de Lugares de Memoria, FESCOL y el Colectivo Orlando Fals Borda realizaron la audiencia pública sobre “El Deber de memoria del Estado y el derecho de memoria de los Pueblos” donde se dieron a conocer las experiencias de memoria en 20 lugares del país con el objetivo de contribuir en la construcción de verdad, justicia y reparación. También se discutió sobre la necesidad de diseñar una política estatal que permita a las víctimas un proceso de justicia transicional, y la existencia de una entidad que responda por la garantía de este derecho.
Convocó, junto con el congresista Inti Asprilla, a un debate de control político sobre el “Fondo de tierras para la paz”, donde se discutieron los alcances y obstáculos sobre el “Fondo de tierras de distribución gratuita para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente” propuesto en el marco de las negociaciones de paz. En el debate insistió en que la paz pasa necesariamente por la redistribución de la tierra en el país y señaló las contradicciones entre la política de tierras dirigida a la expansión de la agroindustria y las necesidades de la población víctima de la violencia. Entre ellas, resaltó los problemas de la falta de acceso a la propiedad de la tierra por parte de las mujeres rurales, así como los retos y oportunidades de la propuesta de desarrollo rural del actual proceso de paz de La Habana.
En compañía del Representante Alirio Uribe promovió una audiencia pública en el Congreso de la Republica con el fin de escuchar las perspectivas de distintos actores sociales y políticas sobre la reforma política que se deriva de los acuerdos de paz sobre participación en los diálogos de La Habana.
Asistió a la audiencia pública sobre empleo y participación juvenil de la Comisión Accidental de la Juventud.
Acciones Jurídicas
Demandó, junto con otros congresistas y organizaciones campesinas, la Ley 1776 de 2016, conocida como la “Ley Zidres”: Las principales razones de la demanda son las siguientes:
-Una presunta afectación a la ley de baldíos al introducir medidas regresivas en torno a la garantía del derecho a la territorialidad campesina, especialmente en cuanto dispone la entrega de bienes baldíos de la nación a personas indeterminadas para el desarrollo de proyectos dentro de las denominadas zonas Zidres.
- Una presunta imposición de un modelo de asociación a los campesinos. La figura de asociación mediante la cual se proponen alianzas entre campesinos y empresarios resulta inconstitucional por violar varios derechos del campesinado, como el derecho a la libre asociación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libre escogencia de profesión u oficio, el derecho al territorio campesino y la dignidad humana.
- La posible vulneración de los derechos constitucionales de participación ciudadana y de la potestad que tienen los municipios de definir el ordenamiento de los usos del suelo.
Celebró la decisión de la Corte Constitucional, del 24 de febrero de 2016, contenida en la sentencia C-084, mediante la cual se pronunció acerca de la constitucionalidad del acto legislativo 001 de 2015 por el cual se reformó el Fuero Penal Militar. Los congresistas denunciaron la vulneración de tres pilares esenciales de la Constitución: la obligación de garantizar y respetar los derechos humanos, la autonomía e independencia judiciales, y el derecho a la igualdad ante la ley. En esta sentencia, la Corte Constitucional establece parámetros de interpretación y señala que todos los funcionarios judiciales cuando investiguen y juzguen delitos cometidos por miembros de la fuerza pública deben aplicar simultánea y complementariamente, tanto las normas del DIH como las del derecho internacional de los derechos humanos. Los congresistas anunciaron que le harán seguimiento a la aplicación de esta sentencia.
Solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que investigue si el señor Abelardo de la Espriella incurrió en faltas contra el decoro profesional, el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas al Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, o incurrió en faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado por Emplear medios distintos de la persuasión para influir en el ánimo de los servidores públicos, sus colaboradores o de los auxiliares de la justicia, todo dentro de las actuaciones del abogado en el trámite de defensa donde representa al magistrado Pretelt.
Pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue si el Secretario de Ambiente incurrió en la prohibición establecida en el Código Disciplinario Único “Prestar servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado”, [hasta por el término de dos (2) años después de la dejación del cargo, en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo], dado que en la página web de la Secretaría se señala que hasta el 31 de diciembre de 2015 fue director de Evaluación y Seguimiento Ambiental de la CAR. Con funciones entre otras de asistir: Emitir conceptos técnicos sobre los asuntos que sean competencia de la entidad para el ejercicio de la evaluación, seguimiento y control ambiental, y darles el trámite que corresponda de conformidad con la normativa vigente.
Radicó, junto con el congresista Inti Asprilla, una comunicación ante la Fiscalía con el objetivo de que se investigue al Secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, por presunta negligencia en el manejo de la atención prehospitalaria en Bogotá y, en particular, por el fallecimiento del ciudadano Ramón Montaño, a quien no se le atendió el pedido de urgencia a través de la línea 123.
En el marco de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en la que tres indígenas perdieron la vida y otros 150 se encuentran heridos, Ángela Robledo, junto con otros congresistas, radicó cartas al presidente Juan Manuel Santos; al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; al ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas; al comandante del Ejército Nacional, Alberto José Mejía, y al director de la Policía Nacional General, Jorge Hernando Nieto. Esto con el objetivo de evitar la violación a derechos humanos de los pueblos indígenas a causa de las protestas en 21 departamentos del país.