Como copresidenta de la Comisión de Paz lideró las Mesas Regionales por la Paz que recogieron las recomendaciones de diferentes regiones del país para llevarlas a La Habana, donde las escucharon y las integraron a los puntos de acuerdo.
Acompañó el proceso de concertación con el movimiento campesino del Catatumbo.
Ha sido activista y acompañó las movilizaciones sociales alrededor de la paz y los derechos humanos.
En la Comisión de Paz ha trabajado con el Comité de Impulso al Consejo Nacional de Paz por la vida y protección de los defensores de Derechos Humanos.
Logró la instalación del Consejo Nacional de Paz el 9 de octubre de 2014. Actualmente, hace parte de la subcomisión permanente de pedagogía, educación y cultura del Consejo Nacional de Paz.
Estableció una alianza con ASCUN (Asociación de Universidades en Colombia), el Consejo Nacional de Paz y las Comisiones de paz del Congreso para ir a las regiones y profundizar cuáles van a ser las condiciones de presencia del Estado, del acceso a los derechos, la interpretación y propuestas alrededor de los acuerdos de La Habana para el posconflicto.
Con el Frente Amplio por la Paz han hecho seguimiento al cese unilateral de fuego decretado por las FARC. Ratificaron el cumplimiento de la tregua, pero también identificaron el hostigamiento por parte del Ejército y la Policía a integrantes de la sociedad civil. Con el Frente Amplio por La Paz se realizaron 5 informes de veeduría al cese al fuego. A partir del 20 de julio de 2015 y hasta el día de hoy se han realizado 3 informes para vigilar dicho cumplimiento del cese al fuego unilateral junto a la organización Constituyentes por la Paz y algunas iglesias, como la Lutherana, la Menonita, la Presbiteriana, la Asociación Cristiana Menonita para la Justicia, Paz y Acción No Violenta -Justapaz- y el Consejo Evangélico de Colombia -Cedecol-, entre otras. Los siguientes son los nombres de los ocho informes y el periodo de veeduría:
1. Las FARC- EP le cumplieron a Colombia con la tregua. Diciembre 20 de 2015- enero 20 de 2015
2. En medio de hostilidades, FARC-EP se compromete con el Frente Amplio a mantener el Cese Unilateral al fuego. Enero 20 de 2015- Febrero 20 de 2015.
3. Mientras se fortalece La Paz en la Habana, ¿se hace la guerra en las comunidades en Colombia? Febrero 20 de 2015- Marzo 20 de 2015.
4. Cese unilateral y desescalamiento del conflicto son necesarios. Llamado a persistir por Colombia. Marzo 20 de 2015- Abril 20 de 2015.
5. En peligro comunidades rurales y cese unilateral al fuego. Abril 20 de 2015- Mayo 20 de 2015.
6. Se debe desacelerar el desescalamiento. Julio 20 de 2015-Agosto 20 de 2015. (Informe Conjunto)
7. Colombia necesita cese bilateral al fuego y las hostilidades. Agosto 20 de 2015- Septiembre 20 de 2015 (Informe conjunto)
8.Se deben garantizar condiciones para el cese bilateral de hostilidades en Colombia. Septiembre 20 de 2015-Octubre 20 de 2015 (Informe Conjunto)
Atendiendo una invitación de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia – Fescol, expuso con parlamentarios europeos los avances en los acuerdos de La Habana sobre el estado actual del proceso de paz en Colombia, en especial sobre víctimas y retos de la implementación de los acuerdos de cara a las recientes elecciones municipales y regionales teniendo en cuenta la situación y perspectivas del centro-izquierda en la política colombiana.
Convocó, junto con otras organizaciones, a un Encuentro Nacional por la Paz, con el fin de hacer un llamado a los colombianos y colombianas a rodear de apoyo el proceso de salida política del conflicto y redoblar las iniciativas por la paz.
Con otros congresistas y organizaciones sociales demandó el acto legislativo 001 de 2015, que tenía como objeto la ampliación del fuero penal militar, por la vulneración de tres pilares esenciales de la Constitución: la obligación de garantizar y respetar los derechos humanos, la autonomía e independencia judiciales, y el derecho a la igualdad ante la ley.
En su condición de Copresidenta de la Comisión de Paz, acompañó con otros congresistas la verificación de las condiciones de salud y garantía de los derechos humanos de la población carcelaria de varias ciudades del país. Como resultado, se le entregó un informe al Congreso de la República en conjunto con el Ministerio de Justicia y la Procuraduría.
Educación
Denunció la precaria situación de la educación rural, como el caso de La Guajira, donde 12.000 niños Wayúu, en marzo del 2015, no habían iniciado clases.
Denunció que la política educativa rural depende de contratistas y funcionarios poco comprometidos. Por eso, alertó que más de 18.000 niños y niñas del sur de Bolívar, 16.000 de Córdoba y 9.500 de Caquetá dependen de procesos de contratación tercerizados que afectan el tiempo del año académico, la permanencia de los profesores, el inicio oportuno de la alimentación y del transporte para los niños y niñas.
Denunció que de cada dos adolescentes que entra al sistema educativo en la ruralidad colombiana, solo uno se gradúa.
Denunció que la tasa de analfabetismo de La Guajira rural es del 60%, y uno de cada tres estudiantes de Chocó es analfabeta, según el DANE. Además, denunció la falta de docentes, mala remuneración de maestros, pagos tardíos e incompletos, traslados sin mediar consulta, falta de personal administrativo y tercerización de la educación.
Con el apoyo de los estudiantes y toda la comunidad académica, logró que el Gobierno Nacional retirara la propuesta de crear instituciones educativas con ánimo de lucro.
Evitó la quiebra de la Universidad Nacional y otras universidades públicas garantizando que los contratos de aportes no fueran eliminados por medio del artículo 105 del Estatuto Anticorrupción.
Denunció que los predios de la Universidad Nacional están en peligro por los intereses de grupos financieros y que 26 edificios del Alma Máter se están derrumbando.
Cuestionó la política pública “El Acuerdo por lo Superior 2034” del presidente Santos porque ni es acuerdo, ni es superior y constituye un riesgo para las universidades públicas en términos de equidad, de financiación y de autonomía universitaria.
Infancia, Niñez y Adolescencia
Denunció el carrusel de la contratación de alimentos que significó mayor control en la contratación de los programas de nutrición para niños y derivó en la renuncia de Elvira Forero, directora del ICBF, hoy investigada y embargada por la Contraloría General de la República.
Rechazó y logró, con el apoyo de la Cámara de Representantes, el hundimiento del proyecto de ley que pretendía enviar a los jóvenes a la cárcel, vulnerando las normas nacionales e internacionales.
Logró que se incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 el financiamiento del SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes) y recursos para la Política de prevención de la delincuencia juvenil.
Logró que se estableciera la coordinación del sistema de Justicia Juvenil en Colombia a través de un decreto del Ministerio de Justicia. Decreto 1885 del 21 de septiembre de 2015.
Denunció las irregularidades en el Programa de Adopciones de niños y niñas en Colombia relacionadas con la falta de seguimiento a las casas de adopción y evidenció la prevalencia de las familias extranjeras frente a las familias nacionales a la hora de adoptar, en contravía de la Convención de La Haya y de las normas nacionales. Días después de sus debates de control político, el ICBF decidió suspender temporalmente la recepción de solicitudes de familias extranjeras. Asimismo, le fue suspendida la licencia a una casa de adopción que presentó irregularidades.
Denunció la muerte y exterminio de niños y niñas indígenas en el 2011. Promovió y logró la puesta en funcionamiento de la Mesa de Seguimiento a la Situación de la Niñez Indígena que hoy es una instancia técnica del Sistema Nacional de Bienestar Familiar a la cual aporta de manera permanente.
Hundió el referendo de cadena perpetua, con el apoyo de otros congresistas y la Comisión de Política Criminal.
Denunció el reclutamiento infantil y advirtió que el Ministerio de Educación estaría delegando su responsabilidad en los servicios educativos, vulnerando los derechos de miles de niños en Colombia, en especial quienes residen en el Sur de Bolívar. En consecuencia, Ángela Robledo pidió investigar a la Ministra de Educación por negligencia.
Logró la visibilización de los niños y las niñas afectados por la guerra y el pronunciamiento tanto del gobierno nacional como de las FARC sobre el reclutamiento de niños y niñas, a través de la presentación del video “Vamos a reconstruir el amor”, en la sesión del 16 de diciembre de 2014 en la Mesa de Dialogo de la Habana. Fruto de un esfuerzo colectivo realizado con organizaciones de la sociedad civil.
Convocó, junto con otras organizaciones, al Primer Coloquio de Niñez Indígena “Dulce semilla que teje el futuro”, con el objetivo de generar espacios de reflexión sobre los problemas que afectan a los niños y niñas de los pueblos indígenas.
Salud
Denunció intereses privados de EPS y sectores políticos en la garantía del derecho a la salud.
Denunció que la mitad de los hospitales públicos del país (540 hospitales) están en quiebra a causa del incumplimiento en el pago de servicios que éstos prestan a las EPS, y que asciende a $ 4,6 billones de pesos a junio 30 de 2014.
Actualmente hace parte de la subcomisión accidental de salud integrada por varios parlamentarios para abordar la crisis de los hospitales públicos regionales del país, entre otras irregularidades del derecho a la salud de los colombianos.
Mujeres y población LGBTI
Ha hecho parte de dos de las delegaciones de mujeres feministas expertas en la Subcomisión de Género creada en septiembre de 2014 por la Mesa de Negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc EP para garantizar la inclusión de las mujeres y el enfoque de género en los acuerdos parciales y por pactar. En estas visitas dio a conocer la situación de inequidad y violencia estructural hacia las mujeres colombianas y visibilizó las distintas propuestas sistematizadas en cada uno de los puntos, así como los retos y desafíos del proceso de paz para lograr una verdadera justicia social.
Garantizó el enfoque de género en la ley de víctimas (Ley 1448 de 2011).
Hace parte de la Comisión de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 contra la violencia de las mujeres y la Ley 1719 de 2014 junto con el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, entre otras instituciones que han tenido importantes avances en el sistema de registro e identificación de las mujeres víctimas de las diversas formas de violencia y ha trabajado en la difusión de los marcos jurídicos que las amparan.
Ha impulsado la economía del cuidado a través del seguimiento de ley de economía del cuidado del 2010 para hacer visible el aporte de las mujeres a la economía nacional y, en un ejercicio de desarrollo de esa ley, empezó a documentar un sistema nacional de cuidado.
Hace parte de la Mesa de Economía del Cuidado que convoca distintas organizaciones de mujeres y feministas que han trabajado por poner en la agenda de la política pública la economía del cuidado, visibilizando el desbalance existente en contra del trabajo de las mujeres orientado al cuidado de niños, niñas, adultos mayores, personas enfermas o en situación de discapacidad. Desde la expedición de la Ley 1413 de 2010 que ordenó valorar el aporte de las actividades del cuidado al PIB y la realización de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT, 2013), la Mesa se ha propuesto visibilizar el aporte de las mujeres en la economía nacional y promover una movilización nacional para que se ponga en marcha el Sistema Nacional de Cuidados a nivel nacional con la participación de todos los sectores responsables.
Colaboró en la configuración de la Mesa nacional de Trabajo por el Pluralismo, los derechos políticos y la democracia con el fin de que se haga efectivo el pluralismo político en las diferentes corporaciones públicas y se garantice la representación de las minorías políticas.
Impulsó una iniciativa legislativa que permite que el trabajo del hogar, realizado en su mayoría por mujeres, sea reconocido y remunerado justamente.
Es autora y lideró la ley No. 1719 del 18 de junio de 2014 para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y para que este crimen execrable se reconozca como delito de lesa humanidad./p>
Ha apoyado la ley de feminicidio, que tiene como objetivo consolidar el feminicidio como un delito autónomo para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación.
Presentó una proposición para la priorización en la entrega de viviendas gratis a mujeres jefas de hogar, víctimas del conflicto armado o condición de pobreza.
Apoyó la incorporación de los artículos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 para las bases de un Sistema Nacional de Cuidado y el desarrollo institucional de la Ley 731 de 2002 sobre las mujeres rurales, en particular, la puesta en marcha de la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura y la financiación a la política de mujer rural.
Defendió el matrimonio igualitario ante el Congreso de la República y ante la Corte Constitucional.
Promovió y defendió la adopción por parte de las parejas del mismo sexo.
Ha sido activista y defensora de los derechos humanos de la población LGBTI, en particular la lucha contra la estigmatización y segregación social.
Pidió ante las autoridades que se investigaran a los funcionarios públicos que en su momento hicieron declaraciones homofóbicas y discriminatorias contra la población LGBTI.
Promovió en la reforma tributaria aumentar el recaudo a través de descuentos a morosos, lo que significó para Bogotá 57.000 millones adicionales en el presupuesto.
Gestionó la inclusión prioritaria de mujeres víctimas de violencia sexual en la política de vivienda en Bogotá.
Se opuso al Plan Nacional de Desarrollo que propuso el presidente Santos por considerarlo un plan de negocios, y denunció que Bogotá se ve afectada porque muchas de sus iniciativas no fueron reconocidas en el plan.
Ha acompañado organizaciones, movilizaciones, foros y trabajos en localidades para hacer de Bogotá un territorio de paz.
Ha trabajado en una Comisión de la Cámara de Representantes que presentó proposiciones para defender los recursos de la ciudad y los derechos de Bogotá.
Defendió el proyecto de ley por medio del cual se adoptan medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del sector de la salud. Gracias a esto, Bogotá pudo gozar de cerca de 400 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de la red hospitalaria y casi 150 mil millones para dotación de hospitales con tecnología de punta. Esto significó la inversión más grande en infraestructura en salud que se ha realizado en los últimos 30 años.
Junto a la secretaría Distrital de Hábitat, acompañó la implementación de la política pública de vivienda en Bogotá para víctimas del conflicto armado y puso en conocimiento del Ministro de Vivienda los avances y dificultades de dicha política en el Distrito.
Propuso que los curadores y curadoras urbanas de todos los distritos y municipios del país, incluyendo Bogotá, deberán entregar en tiempo real la información pertinente sobre las solicitudes y expediciones de licenciamiento urbanístico con el fin de que se puedan ejercer con oportunidad y eficacia los procesos de vigilancia y control del desarrollo urbanístico e inmobiliario. Esto, en el marco de la ley de viviendas seguras, que intenta evitar situaciones como la del edificio Space de Medellín.
Promovió la audiencia pública y el proyecto de ley sobre la reglamentación de los acueductos rurales
Hace parte de la Comisión Accidental de Bogotá, en donde se analizaron las concesiones educativas del Distrito y la elección de alcaldes locales del Distrito por elección popular.
Defendió la existencia de la Veeduría Distrital como un mecanismo de control previo en la ejecución de proyectos y en el ejercicio del servicio público. Hundió el proyecto de ley que proponía la eliminación de la Veeduría Distrital en el estatuto orgánico de Bogotá.
Junto a las organizaciones de objetores de conciencia y otros congresistas, ha liderado y promovido la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe las batidas del Ejército en Bogotá. En ese marco, realizó debate de control político sobre el tema para que los jóvenes en Bogotá no sean reclutados obligatoriamente.
Verificó las condiciones de derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley y denunció los atropellos contra ellos en los centros del SRPA en Bogotá. A partir de esas denuncias, se creó la Comisión de Verificación de las condiciones de los adolescentes en los centros de atención, en los Cespa y en los centros transitorios para 16 ciudades del país.
Denunció los abusos de las casas de adopciones de niños y niñas en Bogotá y a partir de esas denuncias el programa de adopciones a nivel nacional se vio obligada a tomar correctivos y suspender temporalmente las solicitudes de familias extranjeras, dadas las irregularidades. Actualmente, el ICBF lidera una campaña para promover la adopción de niños por familias nacionales.
Convocó, junto con otros representantes y organizaciones, a una audiencia pública sobre los derechos laborales de actores y actrices en Colombia.
Realizó un debate de control político sobre las irregularidades del Sistema de Responsabilidad penal de los adolescentes (SRPA) en conflicto con la ley penal. Denunció que a pesar de existir una Justicia Restaurativa, de carácter diferencial, pedagógica y especializada para los jóvenes en esta situación, en la práctica no opera. Muchos de los y las jóvenes que llegan a estos centros terminan en peores condiciones de salud y alimentación, no reciben ningún tipo de resocialización e incluso mueren en circunstancias poco claras.
Lideró la evaluación del SRPA mediante la Comisión de Evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes –SRPA- que logró fuera incorporado en la ley 1453 del 2011, la cual estableció los principales puntos críticos y las recomendaciones presentadas al Congreso en febrero de 2012.
Organizó la Audiencia Pública: “Jóvenes infractores en Colombia ¿la vida como castigo? (Julio 2014).
Realizó el Debate de Control Político “Gobierno viola los derechos humanos de los adolescentes infractores” (mayo de 2015) en la Comisión Séptima y logró poner en funcionamiento la “Comisión de Verificación de los derechos humanos de los adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”, conformada por el Ministerio de Justicia, ICBF, Defensoría del Puebla, Unicef y DNP que permitió evidenciar la situación inhumana de los adolescentes infractores en Centros de Atención del Sistema en 16 ciudades del país.
Ha realizado seguimiento permanente al SRPA para que se cumpla con la prevalencia de los derechos de los adolescentes de manera efectiva y para que la justicia restaurativa sea una realidad.
Realizó Debate de Control Político junto con Angélica Lozano sobre “Comisarías de Familia, puerta de acceso a la justicia para las mujeres y la niñez”, desarrollado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en agosto de 2015, en el que denunció el riesgo de muerte inminente en que se encuentran 2.115 mujeres como consecuencia de la violencia ejercida por sus esposos, novios, ex novios y compañeros permanentes.
Ha trabajado en diversos Debates de Control Político y Audiencias Públicas sobre las falta de representación de las mujeres en la política, la vulneración de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, seguridad y desarrollo de las mujeres, las múltiples violencias de género, las posibilidades de las empoderamiento de las mujeres en los procesos de paz, entre otros temas. En estos ha planteado diversas problemáticas, desafíos, retos y recomendaciones para la formulación políticas públicas de equidad de género.
Realizó un debate de control político para discutir sobre las batidas ilegales realizadas por la fuerza pública.
Hizo un debate de control político para discutir sobre el incumplimiento del deber estatal de búsqueda de personas desaparecidas.
Organizó una audiencia pública para discutir sobre “la Consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, y el derecho a la participación de las comunidades campesinas”.
Participó en la audiencia pública sobre personas inhumadas no identificadas, donde se le llamó la atención a las autoridades sobre la necesidad de que se realice la entrega digna de personas no identificadas.
Actualmente, hace parte de la iniciativa del Frente Amplio por la Educación que integra a varios parlamentarios y organizaciones estudiantiles, docentes y movimientos sociales en defensa de la educación pública.
Fue convocante a la Audiencia Pública sobre presupuesto para la educación, el 10 de septiembre de 2015.
Ha organizado distintos debates y audiencias públicas para dar cuenta de las situaciones de inequidad de las mujeres colombianas.
Participó en la audiencia pública sobre la financiación a la educación superior
Participó en la Audiencia Pública: "La paz se construye con hechos: Entrega digna de personas no identificadas, sepultadas en cementerios municipales y enterramientos clandestinos en Colombia, convocada por el representante Alirio Uribe y el senador Iván Cepeda.
Convocó la audiencia pública sobre acceso en condiciones de universalidad al derecho prestacional de pago de prima de servicios a trabajadoras domésticas y trabajadores domésticos.
Participó en la audiencia pública "pueblos indígenas, conflicto armado y paz".
Participó en la audiencia pública sobre el proyecto de ley de servicio social para la paz, realizado en el Centro de Memoria Paz y reconciliación.
Participó en el debate de control político a CAPRECOM.
Realizó el debate de control político a la Directora del ICBF sobre la actual problemática del flagelo de violencia en contra de los niños, niñas y mujeres, que exige una intervención más amplia y articulada con las diferentes entidades, para desarrollar y fortalecer los programas de prevención y protección y el restablecimiento de sus derechos.
Participó en el debate de control político relacionado con la atención, manejo y control de multitudes realizado en las manifestaciones sociales del país.
Participó en la audiencia pública sobre la justicia en Colombia para debatir sobre la situación de la justicia en el país donde, según cifras presentadas por Ángela Robledo, al menos 350 municipios no tienen presencia de jueces; es decir, uno de cada tres municipios en Colombia no tiene justicia directa.
Lideró y promovió la audiencia pública sobre los proyectos de Reforma Estatutaria a la salud.
Organizó la audiencia pública “¿Avanza la Procuraduría en la garantía de los Derechos Humanos en Colombia?”.
Convocó, junto con otros representantes, a una audiencia pública para promover un debate y una discusión crítica entre la comunidad universitaria con los altos funcionarios del gobierno sobre la crisis financiera, la crisis de infraestructura, y la autonomía y modelo de gobierno de la Universidad Nacional de Colombia.
Participó en la audiencia pública “por el derecho a la salud”.
Intervino en la audiencia pública sobre justicia penal militar, donde afirmó que el desafuero militar es una propuesta antidemocrática y no garantiza justicia.
Organizó y participó en la audiencia pública “Crisis de la educación superior: verdades del Acuerdo por lo Superior 2034”.
Participó en la audiencia pública “Por una paz sin deuda con los derechos”.
Intervino en la audiencia pública popular sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
Convocó y participó en la audiencia pública por un presupuesto digno para la educación en Colombia.
Para la paz
Es coautora del proyecto de ley por medio del cual se crea la Comisión Legal de Paz del Congreso de la República de Colombia con el objetivo de respaldar el posconflicto y la justicia transicional, así como la búsqueda de una cultura de paz.
Presentó un proyecto de iniciativa legislativa para que la Comisión de Paz, que es una Comisión Accidental, se convierta en una Comisión Constitucional.
Es coautora del proyecto de ley de servicio social para la paz que fue respaldado por las Comisiones de Paz generando alternativas para que los jóvenes no presten el servicio militar obligatoriamente.
Para los niños y adolescentes
Radicó el proyecto de ley No. 002 de 2014 por el cual se convierte en política de Estado la Estrategia De Cero a Siempre con el objetivo de promover el desarrollo integral de los niños y niñas a través de una atención integral enmarcada en el enfoque de derechos y protección integral.
Impulsó un proyecto de ley sobre el servicio social para la paz, alternativo al servicio militar obligatorio.
Es coautora del proyecto de ley que prohíbe el requisito de libreta militar para acceder a empleos.
Presentó una ponencia positiva en apoyo del proyecto de ley 064 de 2015 C "por medio del cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, se modifican los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones".
Presentó una ponencia positiva en apoyo del proyecto de ley 016 de 2015 C "por medio del cual se establece como una urgencia médica la atención y tratamiento de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y se dictan otras disposiciones”.
Para la salud
Es coautora del proyecto de ley alternativo de reforma a la salud, que elimina las EPS, la integración vertical y el ánimo de lucro en la garantía de este derecho.
Radicó el proyecto de Ley No. 109 de 2013 que propone incluir los tratamientos de infertilidad en el POS.
Es coautora del proyecto de ley que propone una reforma penal para agilizar cumplimiento de tutelas de salud.
Es coautora del proyecto de ley mediante el cual se da la modificación de la cotización mensual al régimen contributivo de salud para pensionados.
Presentó una ponencia positiva en apoyo al proyecto de ley 083 de 2015 C. "por el cual se crea el sistema general para la atención integral y protección a personas con trastorno del Espectro autista (T.E.A) y condiciones similares y se dictan otras disposiciones".
Radicó ponencia negativa al proyecto de reforma a la salud del Gobierno Nacional.
Para las mujeres
Es coautora del Proyecto de Ley sobre universalidad, alternancia y paridad género impulsado por la bancada del Partido Verde que pretende equilibrar la representación política de las mujeres en la conformación de las listas para las elecciones, mejorar la financiación de las campañas electorales y la pedagogía política de las mujeres en los territorios.
Impulsó el proyecto de ley 199 de 2015 para garantizar y reconocer el acceso en condiciones de universalidad el derecho prestacional de pago de prima de servicios para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
Promovió y defendió la ley de cuotas en la reforma política que exige que cada partido tenga un mínimo del 30% de candidatas.
Logró que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación se comprometiera a desarrollar un Sistema Nacional de Cuidados creando las bases institucionales, técnicas y económicas para su operación, para lo cual, se definirá una agenda nacional del cuidado en complemento con lo establecido en la Ley 1413 de 2010.
Lideró con la Comisión Legal de Equidad para la Mujer la incorporación de dos artículos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 para garantizar los derechos de las mujeres rurales: en primer lugar, en el artículo 232, el Gobierno se comprometió a formular de forma participativa una política pública integral de mujer rural coordinada por el Ministerio de Agricultura y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. En segundo lugar, el artículo 107 literal h, se comprometió con la creación de una Dirección de Mujer Rural que se encargará de desarrollar dicha política pública, así como otras medidas para cumplir con la Ley 731 de 2002, avanzando en las garantías de los demás derechos de las mujeres campesinas, afro e indígenas de Colombia y cerrando las brechas entre la situación de las mujeres urbanas y rurales.
Para la cultura y la recreación
Promueve y lidera el estatuto del actor con el fin de reconocer los derechos laborales de los actores y actrices profesionales colombianos en tanto aportan al patrimonio cultural de la nación.
Presentó una ponencia positiva en apoyo del proyecto de ley 052 de 2015 C acumulado con Proyecto de ley 056 de 2015 C "por medio del cual se modifica la Ley 181 de enero 18 de 1995 sobre el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física; se crea el Sistema Nacional del Deporte".
Para la justicia
Promovió el proyecto legislativo para reducir y congelar el salario de los congresistas.
Es coautora del proyecto de ley mediante el cual los magistrados de la Corte Constitucional no podrán ser reelegidos.
Es coautora del proyecto de ley mediante el cual se exige el voto obligatorio para servidores públicos.
Es coautora del proyecto de ley que aboga por la responsabilidad política para los partidos, y silla vacía para los delitos contra la administración pública.
Es coautora del proyecto de ley para la abolición de la reelección presidencial.
Es coautora del proyecto de ley para la reforma a la Procuraduría.
Promovió y apoyó el retiro de la Reforma a la Justicia, que posteriormente fue archivada gracias a la presión ejercida por la ciudadanía.
Para el medio ambiente
Es coautora del proyecto de ley "por medio del cual se crean las Regalías Ambientales y se dictan otras disposiciones".
Es coautora del proyecto de ley sobre "Consejos Verdes", que crea un espacio para garantizar la participación efectiva de las entidades territoriales, comunidades y ciudadanía en general frente a proyectos de minería, hidrocarburos e hidroeléctricas.
Es coautora del proyecto de Acto Legislativo que consigna en la Constitución Política de Colombia el agua como derecho fundamental.
Es coautora del proyecto de Acto Legislativo “por medio del cual se adiciona un nuevo artículo transitorio 68 a la Constitución Política de Colombia para permitir la participación política de miembros de organizaciones guerrilleras”.
Es coautora del proyecto de Acto Legislativo “por medio del cual se adopta una reforma a la Constitución Política que adopta medidas contra la corrupción política y el constreñimiento al elector, elimina la reelección del presidente de la República, garantiza la independencia de los poderes públicos y fortalece el régimen electoral y las garantías”.
Es coautora del proyecto de Acto Legislativo 04 de 2015 Senado por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera.