Jóvenes infractores en Colombia, ¿la vida como castigo?
En Colombia los jóvenes tienen por cuenta de la Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de 2006) un sistema de justicia diferencial cuyo énfasis está en el restablecimiento de sus derechos. Es decir, un muchacho que comete un delito, entra al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) que tiene la obligación de protegerlo, rehabilitarlo y resocializarlo, mediante un modelo pedagógico. El Estado asume la responsabilidad por la garantía de todos sus derechos y debe proveerles salud, educación, vivienda y recreación, entre otras, en corresponsabilidad con sus familias.
Sin embargo, esta justicia diferencial es sólo para el papel. Hoy cinco años después, las dificultades del Sistema persisten hasta constituirse en graves hechos violatorios a los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley, evidenciadas en múltiples irregularidades y deficiencias: persiste la ausencia de un ente responsable, falta presupuesto, infraestructura, capacitación de los funcionarios y un sistema de información, entre otras.
Con el fin de analizar estas dificultades y conocer las perspectivas y propuestas del Gobierno Nacional frente a la inoperancia del Sistema, la Representante a la Cámara Ángela Robledo citó, mediante la Proposición No. 077, para el próximo miércoles la Audiencia Pública Jóvenes infractores en Colombia ¿La vida como castigo? a la que fueron citados los funcionarios responsables del Sistema: Alfonso Gómez Méndez, Ministro de Justicia y del Derecho, Tatiana Orozco De La Cruz, Directora de Planeación Nacional, Eduardo Montealegre, Fiscalía General de la Nación, Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ilva Myriam Hoyos, Procuradora Delegada para la Infancia, la Juventud y la Familia, Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo, Gabriel Vallejo, Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (E).
“En Colombia los jóvenes entre 14 y 18 años que cometen delitos son responsables penalmente. No obstante, por ser adolescentes se les considera jurídicamente sujetos de especial protección, razón por la cual el proceso para investigarlos, acusarlos y juzgarlos, así como las medidas que se tomen para sancionarlos, deben tener características especiales, recogidas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que hoy no está funcionando adecuadamente”, señaló la congresista Ángela Robledo.
