Hay que desescalar el conflicto social

Bogotá, D.C., 28 de julio de 2015

Los garantes y miembros del Congreso conocemos y apoyamos los esfuerzos de ASCAMCAT por proteger los derechos de los campesinos en el Catatumbo y las alternativas que plantean los campesinos para un proceso de sustitución de la coca.

Es necesario que el gobierno, al  desescalar la guerra  con la insurgencia acepte seriamente la democracia directa de la protesta social, y  no se entre en un proceso de escalamiento máximo del conflicto social por que el Estado use las fuerzas de seguridad contra la protesta, o porque no da  salida  a las demandas de las organizaciones y comunidades.  Un paro en el Catatumbo hoy , en protesta contra la fumigación, sería un fracaso de los esfuerzos de años de esfuerzos de concertación.

Los garantes rechazamos la estrategia de fumigación que según se dice se entraría a ejecutar en el Catatumbo a partir del mes de agosto. Los garantes pedimos al gobierno que sea coherente con la decisión tomada de dar por terminadas las fumigaciones por sus efectos nocivos contra la salud de las personas y los animales por envenenamiento de los suelos. La fumigación ahora en el Catatumbo traería una reacción generalizada en la región que llevaría a un paro de grandes costos sociales y económicos, y que fácilmente se extendería por todo el país. Fumigar en el Catatumbo donde las aguas vierten al golfo de Maracaibo, traería inevitablemente conflictos con Venezuela.

Descartada la fumigación, los garantes pedimos que el gobierno tome con toda seriedad y de implementación a la propuesta presentada por los campesinos en la vereda Angalia para una sustitución gradual y eficaz correspondiente al desarrollo que se espera por el gobierno de tal manera que esta sea la alternativa a la erradicación forzada.

 Los garantes invitamos a ASCAMCAT y a las organizaciones campesinas del Catatumbo a acrecentar los procesos pedagógicos, a partir de iniciativas concretas como la de la vereda Angalia, para que el Catatumbo pueda entrar pronto a un proceso de desarrollo rural que asegure la dignidad de todos sus habitantes y su sostenibilidad, como se ha planteado en los acuerdos de La Habana sobre desarrollo rural integral y política contra el narcotráfico.

Firman,

Padre Francisco de Roux S. J. 

Todd Howland – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Ernesto Samper – Secretario General de UNASUR

Congresistas Angela Robledo, Alirio Uribe e Iván Cepeda

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PRENSA ANGELA ROBLEDO 3202343806 MARGARITA SARMIENTO