Los jóvenes sí pagan por sus delitos: Angela Robledo

 

 

Es una decisión responsable y sensata ante la solidez de los argumentos que venimos dando a conocer los expertos en el tema. No podemos improvisar. Los jóvenes y adolescentes, a quienes les hemos fallado ya sea desde la familia, la sociedad o el Estado, necesitan ser tratados responsablemente. En consecuencia, lo que debemos es actuar frente a las verdaderas necesidades y debilidades que tiene el Sistema, muy recientemente implementado, para que éste opere cabalmente.

 

 

De acuerdo con el compromiso establecido con el Ministerio del Interior, sigue una reunión con la Procuraduría, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para analizar a profundidad el tema y definir concertadamente, ya sea la eliminación de los artículos que pretenden modificar el Código de Infancia y Adolescencia o los ajustes que sean indispensables en la propuesta de articulado del Proyecto de Ley 160, de seguridad y convivencia. La decisión que allí se tome será llevada a la Plenaria de la Cámara.

 

 

Que no es cierto. Los jóvenes sí están pagando por sus delitos. Las cifras que presentó la Procuraduría en la Comisión Primera así lo demuestran: desde el 2007 al 2010, la Policía tiene registradas 98.000 aprehensiones; la Fiscalía 18.607 imputaciones y, de acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, 12.400 jóvenes han sido sancionados. Diferente es que el Sistema no está funcionando. Por ejemplo, hay sitios donde no se cuenta con la infraestructura para internarlos, hay funcionarios responsables de su ejecución que no tienen el conocimiento y los perfiles necesarios, existe desarticulación de las 17 instituciones que deben intervenir en el sistema y, además, el Sistema de Responsabilidad para Adolecentes adolece de un órgano rector que lo oriente, impulse y organice. El sistema de justicia para jóvenes es una responsabilidad del Estado y su inoperancia no puede recaer en los jóvenes infractores.

 

 

Tal y como está planteada la reforma no es adecuada ni necesaria. Se pretenden incrementar tiempos de privación de la libertad en las sanciones de los jóvenes, lo cual va en contra de lo que muestran recientes estudios realizados por el investigador y académico Daniel Nagin, que señalan que el aumento de penas no tiene correlación alguna con la disminución de los delitos, además van en contravía de las normas internacionales sobre protección de los derechos de los jóvenes. Si lo que se pretende es persuadir a través del incremento de la sanción, estamos resolviendo un problema de manera equivocada. El foco de atención debe concentrarse en una verdadera política de prevención del delito y de reales oportunidades educativas, culturales, sociales, laborales para los jóvenes. 

Lo que se ha propuesto de manera insistente en las diferentes instancias de discusión del proyecto de ley, tanto por parte la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, como por la Alianza por la Niñez de la cual hago parte, es conformar una mesa que evalúe el actual Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y realice los ajustes que se requieran y, si es indispensable, legislar sobre sus reales necesidades.

 

 

1. El Sistema de Responsabilidad Penal se implementó en diciembre de 2009, aún no se conocen sus verdaderos resultados y ya queremos modificarlo, eso es legislar improvisadamente. Se han identificado fallas en la capacidad institucional y en elementos de implementación y no en la normatividad. 2. Incrementar las penas es un bandazo más en la política criminal, no reduce el delito ni mejora las condiciones de seguridad. Es responder con el garrote en los síntomas y no en las verdaderas causas. 3. Se necesita ahondar en la comprensión de la situación que enfrentan nuestros adolescentes, particularmente aquellos que hacen parte de ese casi 50% de población en situación de pobreza, sabemos muy poco sobre las causas y los factores que determinan, facilitan o disuaden la comisión de delitos por parte de los adolescentes. Hay que arrebatárselos de las manos  a las bandas criminales, abriendo para ellos y ellas caminos de oportunidad, de inclusión y de esperanza y no tan solo las puertas de las cárceles”.