Ángela Robledo reclama al Procurador solidaridad con las mujeres

 

La representante a la Cámara, Ángela Robledo dijo que el Ministerio Público ha desarrollado una serie de acciones en detrimento de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, contraviniendo no sólo la Constitución y las normas nacionales sino también los tratados internacionales sobre población y desarrollo suscritos por el país y que implican múltiples discriminaciones para las mujeres. 

 

“Las mujeres no entendemos que el Estado insista en criminalizar la autonomía de las mujeres y las deje desamparadas en su salud sexual y reproductiva. Llama la atención que el Procurador no cumpla con sus funciones constitucionales (Artículo 277 CN) y que por lo menos no sea solidario con ellas ya que no sólo es la muerte por abortos clandestinos, sino la alta tasa de morbimortalidad por enfermedades prevenibles como el cáncer de cuello uterino, el Sida, las enfermedades de transmisión sexual y todas aquellas vinculadas a la gestación y al parto que significan la muerte de muchas mujeres”, dijo Ángela Robledo.  

 

Con base en análisis realizados por expertas y organizaciones sociales como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Casa de la Mujer, la parlamentaria anotó que la Procuraduría con sus acciones y omisiones ha puesto en riesgo la salud y la vida de las mujeres obstaculizando su acceso a la anticoncepción de emergencia, así como a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos amparados por la Corte Constitucional, en particular la Sentencia C-355 de 2006 y sus desarrollos.

 

En audiencia convocada por la Comisión Legal de Mujeres del Congreso, Ángela Robledo presentó cifras de la investigación Embarazo no planeado y aborto inducido en Colombia: Causas y consecuencias del Instituto Guttmacher (2008), según las cuales en el país ocurren 400.412 abortos inducidos cada año, incluidos 132.000  que sufren complicaciones debido a la clandestinidad, lo cual pone en grave riesgo la vida de las mujeres. Esto representa un 30% de las mujeres que abortan en esas condiciones, pero ese porcentaje llega a 53% en el caso de las mujeres rurales pobres y es menor (sólo24%) en el caso de las mujeres de las ciudades que no son pobres. Angela Robledo recalcó el hecho que 67% de los embarazos -911.897- fueron NO planeados y que 30% terminaron en aborto.

 

“Siendo tan importante la salud sexual y reproductiva de las mujeres, el Ministerio Público no ha adelantado ninguna acción en contra del Estado colombiano que no muestra ningún interés frente a la problemática, en particular, los ministerios de la Protección Social y de Educación a quienes corresponde acciones dirigidas a disminuir la mortalidad materna, prevenir el embarazo adolescente y promocionar los derechos sexuales y reproductivos”, dijo. 

 

La mortalidad materna en Colombia es de 73 muertes por cien mil nacidos vivos (año 2009). Sin dejar atrás, que dependiendo del territorio se denota “mayor relación entre la desigualdad social y la muerte de mujeres gestantes; por ejemplo, mientras que en Huila mueren cerca de 20 mujeres por cada cien mil nacidos vivos, en La Guajira mueren 220 mujeres por cada cien mil nacidos”. (Unfpa 2012).

 

En Colombia se diagnostican 6800 nuevos casos de cáncer de cuello uterino por año, cerca del 50% terminan con la muerte de la mujer. En América Latina la cifra de casos detectados asciende a 72 mil por año y 33 mil muertes por esta causa. En el mundo se diagnostican 500 mil casos anuales y mueren 270 mil mujeres.  Este cáncer es uno de los más prevenibles, sin embargo es de los principales problemas de salud pública en el país que no ha sido ni priorizado, ni atendido.

 

En nuestro país la “tasa de embarazo en adolescentes entre 15 y 19 años es de 19.5%. En las adolescentes más pobres esta tasa alcanza el 30%, y en las adolescentes más ricas, el 7%”.  Así mismo, “El porcentaje de embarazo adolescente es mayor en la zona rural (26.7), comparado con la zona urbana (17.3)”. El 50% de los casos de deserción escolar de adolescentes mujeres tuvieron como causa principal el embarazo.  (Cifras del Ministerio de la Protección Social, año 2013)

 

No obstante la Procuraduría conminó al Ministerio de la Protección Social para eliminar el Misoprostol del POS, negando a las mujeres su derecho a la anticoncepción de emergencia. De igual manera y en repetidas ocasiones el Procurador ha interpuesto incidentes de nulidad contra las sentencias de la Corte Constitucional que amparan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) Sentencia C355 de 2006 (Casos de excepción de interrupción voluntaria del embarazo); Sentencia T388 de 2009 (Obliga a las autoridades públicas y privadas a remover todos los obstáculos que impidan a las mujeres gestantes acceder a los servicios de salud en particular para atender el derecho a la IVE) y la Sentencia T841 de 2011 (que garantiza la reserva de identidad de las mujeres que interponen acción de tutela para exigir la IVE).  

 

“La Procuraduría se ha negado a cumplir con los planes educativos y de publicidad de los mecanismos constitucionales que avalan la despenalización del aborto (Sentencia T-388 de 2009)  -que le compete también a los ministerios de la Protección Social y de Educación-  frente a una realidad innegable y es la preocupante y  altísima tasa de fecundidad en las adolescentes como resultado de la falta de educación sexual integral, el pobre acceso a anticonceptivos y el recorte de las leyes en materia de autonomía y libertad sexuales”, puntualizó la representante Ángela Robledo.

 

Angela Robledo dijo que preocupa que en Colombia diferentes servidores públicos, congresistas y en particular la Procuraduría obstaculicen el cumplimiento de estándares  internacionales en defensa de los derechos humanos de las mujeres y se ocupen de reversar los avances normativos y legislativos como los fallos  constitucionales, mientras que las políticas públicas  dirigidas a la promoción de derechos no se ven por ningún lado.