Comisiones de Paz piden a Santos protección a defensoras de derechos humanos
Comisiones de Paz piden a Santos medidas de protección a defensoras de derechos humanos amenazadas
De acuerdo a información de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2013, 39 defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados y asesinadas, es decir, 3 defensores de derechos humanos fueron “silenciados” cada mes durante ese año: reclamantes de tierras, opositores a la minería ilegal, líderes rurales, líderes indígenas y afrodescendientes, defensoras de derechos humanos de las mujeres víctimas de la violencia sexual.
ESTE ES EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS
Bogotá, D.C. octubre 1 de 2014
Doctor
Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Bogotá, D.C.
Señor Presidente:
En las últimas semanas alrededor de 100 líderes y lideresas defensoras de derechos humanos han sido amenazadas por grupos al margen de la ley. Llama la atención que un buen número de estas amenazas están dirigidas a mujeres activistas de la paz y defensoras de los derechos humanos, quienes trabajan colectivamente en organizaciones sociales de mujeres.
La situación es preocupante señor Presidente, requiere medidas inmediatas y eficaces de protección, de rechazo por parte del gobierno y la sociedad. Es muy importante, que estas amenazas se investiguen con celeridad y transparencia para identificar si es una práctica sistemática y generalizada que busca generar intimidación y miedo.
De acuerdo a información de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2013, 39 defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados y asesinadas, es decir, 3 defensores de derechos humanos fueron “silenciados” cada mes durante ese año: reclamantes de tierras, opositores a la minería ilegal, líderes rurales, líderes indígenas y afrodescendientes, defensoras de derechos humanos de las mujeres víctimas de la violencia sexual.
Presidente, estas amenazas a mujeres tienen un carácter diferenciado y específico, tienen la pretensión de restringir su activismo político en defensa de los derechos humanos y la paz. El Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional deja claro que “la violencia ejercida en el conflicto armado interno colombiano victimiza de manera diferencial y agudizada a las mujeres, porque por causa de su condición de género, las mujeres están expuestas a 10 riesgos particulares y vulnerabilidades específicas dentro del conflicto armado” y “como víctimas sobrevivientes de actos violentos que se ven forzadas a asumir roles
familiares, económicos y sociales distintos a los acostumbrados, las mujeres deben sobrellevar cargas materiales y psicológicas de naturaleza extrema y abrupta, que no afectan de igual manera a los hombres”.
Estas amenazas y violencias obedecen también a una cultura patriarcal y machista que se exacerba en el marco del conflicto armado. El documento “Las Mujeres juntamos nuestras voces y memorias para aportar a la paz desde el reconocimiento a las víctimas, realizado por Mujeres por la Paz, resalta de manera contundente: “(…) las violencias sexuales que ocurren en el marco de la violencia sociopolítica y el conflicto armado, hacen parte [de] un continuum de las violencias que las mujeres enfrentan día a día y cuya invisibilidad, justificación y naturalización cotidiana se extiende a los delitos sexuales que sufren por parte de los actores armados legales e ilegales. Para nosotras como mujeres nuestro derecho a la verdad pasa por reconocer que hemos sido víctimas de violencias sexuales, por parte de todos los actores armados como lo han evidenciado múltiples voces y testimonios de las mujeres, los informes que durante estos años han documentado redes y plataformas de derechos humanos y la propia la Corte Constitucional.”
Presidente Santos lo invitamos a respaldar, legitimar y rodear a las defensoras y defensores de derechos humanos. Su discurso y su trabajo son fundamentales para la democracia y la paz. Acá no vale estigmatización alguna. La imparcialidad y transparencia de los operadores judiciales y de los funcionarios del gobierno es de la mayor importancia. Tanto Amnistía Internacional, como la ONU, como organizaciones de derechos humanos nacionales tienen serias quejas al respecto.
Al respecto, el 18 de junio de 2014 en la sanción de la Ley 1719 de 2014 usted dijo con claridad: “Por eso estamos hoy reunidos. Para decir ¡basta! Para decirles a todas esas víctimas que estamos de su lado y no del lado de los victimarios, y que el Estado y la sociedad haremos lo que esté en nuestras manos para evitar esta violencia, para apoyar a las personas que la han sufrido, para darles acceso a la justicia, y para que tengan asistencia médica y psicosocial, y reparación integral.”
En relación a las amenazas y violencias contra las defensoras de derechos humanos es urgente avanzar concretamente en un plan de protección y de garantía de su trabajo riguroso, diferencial, construido con las mujeres y en donde su voz y su experiencia se vean reflejados. Amnistía Internacional recomienda aplicar los mandatos de la Ley 1719 de 2014 “Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones.”
El punto crítico en este problema es la enorme impunidad que existe. Un compromiso y voluntad política al respecto es fundamental.
Presidente Juan Manuel Santos, defendamos la vida y la paz.
Atentamente,
Copresidentes de las Comisiones de Paz de Senado y Cámara de Representantes del Congreso de la República
Ángela María Robledo
Hernán Penagos
Roy Barreras
Iván Cepeda
Horacio Serpa
Antonio Navarro
PRENSA: 3202343806 MARGARITA SARMIENTO