Consulta previa no puede reglamentarse a espaldas de pueblos indígenas y afro dicen congresistas
Bogotá, Noviembre 18 de 2015. Mañana jueves 19 de noviembre se llevará a cabo a partir de las 8:00 a.m. en el Salón de la Constitución del Congreso de la República, la audiencia pública “¿Reglamentar o no? Consulta previa y otros mecanismos de participación, convocada por los congresistas Ángela Robledo, Luis Evelis Andrade, Alberto Castilla, Iván Cepeda y Alirio Uribe Muñoz, que tiene como objetivo escuchar las posiciones de los pueblos indígenas y comunidades negras, frente a la presentación por parte del Gobierno Nacional en los próximos días, de un proyecto de ley estatutaria que reglamentaría la consulta previa y que a su juicio, afectaría a estas comunidades directamente.
La Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) es un mecanismo de participación ciudadana regulado por la Ley 21 de 1991 cuyo objetivo es garantizar el derecho a la participación de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, cuando se tomen medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, con el fin de proteger su integridad cultural, social y económica, pero que en la práctica ha distado mucho de ser satisfactorio.
A la audiencia fueron invitados, Pedro Santiago Posada – Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior -, Fernando Iregui Mejía – Director Agencia Nacional de Licencias Ambientales -, Luis Fernando Andrade – Director Agencia Nacional de Infraestructura – Mauricio de La Mora – de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, así como Patricia Tobón – Organización Nacional Indígena de Colombia -, Daniel Garcés – Proceso de Comunidades Negras -, Hector León Moncayo – Investigador de ILSA y delegados del Coordinador Nacional Agrario y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, entre otros.
Las comunidades étnicas, ven con desconfianza estos intentos de reglamentación aunque no hayan adelantado una acción de gran magnitud encaminada a rechazarlos, ya que consideran, que si bien es necesario aclarar diversos aspectos de procedimiento frente al tema de la consulta, esto un asunto que les compete a ellas autónomamente.
La representante a la Cámara Ángela Robledo, señaló que la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades indígenas y negras que es necesario regular de tal manera que se garantice su protección efectiva. “Es necesaria una regulación que brinde a las comunidades herramientas que les permita garantizar su participación y representatividad teniendo en cuenta las diversidades que confluyen en los territorios”.
Ángela Robledo aseguró que los representantes del Estado están llamados a proteger los derechos fundamentales de estas comunidades en vez de atacarlos y deslegitimarlos: “He escuchado en varias oportunidades al Vicepresidente Vargas Lleras emprender contra estas consultas. Uno podría asegurar que el Vicepresidente es enemigo de la consulta previa, lo cual es muy grave frente a un modelo extractivo y depredador como el nuestro”, dijo.
La congresista verde afirmó que el vicepresidente Vargas Lleras se ha manifestado en repetidas ocasiones en contra de la consulta previa. Según Vargas Lleras, “Las consultas previas están frenando y paralizando la ejecución de esas obras, cuando media una certificación del Ministerio del Interior que yo tuve oportunidad de expedir cuando ocupé ese cargo, en la que consta que no había lugar a ellas. No se puede continuar abusando de esa figura y retrasando indebidamente la ejecución”. (El Tiempo, 18 de agosto de 2014).
A juicio del representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, “Es necesario que el gobierno nacional, tenga en cuenta las diferentes visiones sobre consulta previa que tienen las comunidades étnicas afectadas, sus propuestas y la pertinencia de la presentación del proyecto de ley estatutaria por parte del Gobierno, que a propósito, no las ha tenido en cuenta ni siquiera en la formulación del mismo”.
Igualmente el parlamentario manifiesta la necesidad de reformar la Directiva Presidencial No.10 de 2013 sobre consulta previa, ya que “como está formulada no respeta los derechos de los grupos étnicos y se ha convertido más en un obstáculo para el desarrollo y no como la garantía de un derecho fundamental a la cual está obligado el Estado en virtud de normas internacionales de derechos humanos”.
PRENSA ANGELA ROBLEDO 3202343806
