El Congreso fue mezquino con movimiento LGBTI

 

Haber negado el derecho de los gais a casarse fue un hecho violento. Negar todo derecho es intensificar la violencia, las mujeres sabemos lo que ello significa. Los homosexuales son ciudadanos y ciudadanas, que de manera sistemática en Colombia han ido ganando, gracias a su pacífica lucha jurídica, que la Corte Constitucional reconozca algunos de sus derechos. El Congreso no debió negarles el derecho al matrimonio.

 

Reinó la aplanadora de las mayorías y no la democracia constitucional. No se tuvo en cuenta que nuestro marco normativo como legisladores no es la Biblia, sino la Constitución, porque el Congreso no es una capilla, repito, a la cual llegamos a hacer pública nuestra condición sexual, nuestras creencias religiosas, razones todas ellas respetables, pero que no pueden ser fundamento de la tarea legislativa.

 

Nuevamente el Congreso perdió la oportunidad de legislar en pro de las minorías, en pro de esta población que pide a gritos no ser tratada con desprecio, con indiferencia, con malicia, como si las personas LGBTI, fueran enfermos, pervertidos y no personas que desean, aman, sueñan.

 

Sin embargo, para el Congreso fue difícil reconocerlos como son: como iguales. Se trataba de dejar de tildar las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo como un simple «gustico enfermizo», para darle paso a una mirada diferente que permitiera comprender las diversas subjetividades. Había que aceptar que sus relaciones y orientaciones son formas de estar y habitar en el mundo.

 

Lo he dicho en otros espacios y aquí lo repito: ¿Somos un Estado que se dedica a reprimir a sus ciudadanos, a otorgarles derechos basados en creencias religiosas? ¿Somos una sociedad polarizada, sesgada, excluyente, que condena la diversidad?

 

¿Queremos seguir fundando nuestra sociedad en exclusiones e inequidades? Las mujeres sí que sabemos de estas exclusiones, se nos negó el derecho a ser reconocidas como ciudadanas plenas, solo hasta 1957 pudimos votar, hacer contratos, negarnos a entrar a ser un objeto más de los maridos. Se nos negó también el derecho a controlar nuestro cuerpo, en muchas ocasiones se nos ha convertido en una especie de máquinas de parir hijos. Los patriarcas colombianos, han discriminado a las mujeres, a los afros, a los indígenas y al movimiento LGBTI.

 

Somos un Estado laico, pero el Senado actuó como si fuéramos un Estado confesional y dogmático. No podemos seguir negando derechos en consonancia con sectores patriarcales y conservadores de la sociedad que siempre han tenido reservas para reconocer la diversidad, la libertad, la solidaridad.

 

De allí mi indignación por las declaraciones y la participación indebida del procurador Ordóñez y sus asesores contra el matrimonio igualitario, que contribuyeron al hundimiento del proyecto. ¿Es este el Procurador General que propende por los derechos de todas y todos los colombianos?

 

Caso contrario ocurre con la Corte Constitucional, que no ha dejado de velar por la garantía de los derechos de la población LGBTI y de las poblaciones tradicionalmente excluidas. Esta corporación judicial, además de haberles reconocido los derechos que tienen actualmente las parejas del mismo sexo (la unión marital de hecho, los derechos patrimoniales, los derechos pensionales, hereditarios, entre otros), en la Sentencia C-577 de 2011 expidió un artículo en el que resuelve que si el Congreso no legislaba sobre esta materia antes del 20 de junio de este año, las parejas del mismo sexo podrían acudir a cualquier notaría o juez del país para solemnizar su unión marital por medio de un contrato, esperando que se trate del matrimonio igualitario.

 

En lo personal estoy decidida a acompañarlos en esa lucha.

 

¡A igual amor, iguales derechos!