Haciendo la Paz en Colombia. Intervención de Angela Robledo en Buenos Aires

HACIENDO LA PAZ EN COLOMBIA. Evento realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días 20 al 23 de Febrero de 2011

Buenos días para todos y todas. Quiero en primer término expresar un fraternal saludo a los organizadores de este evento tan importante y, no pudiendo mencionar a cada uno de ellos y ellas, lo hago por intermedio de esa mujer valiente, arrojada como pocos en la búsqueda de una salida política negociada a nuestro inveterado conflicto armado, la ex senadora Piedad Córdoba Ruíz, fundadora de Colombianos y Colombianas por la Paz. Registro también con gratitud y esperanza la asistencia a este evento de muy importantes invitados del mundo entero quienes con su presencia nos están recordando que no estamos solos en la construcción de soluciones a una situación que, por constituir un freno al desarrollo en todos sus aspectos, y por la crisis humanitaria a la cual ha conducido, debe ser abordado como una prioridad no solo del gobierno, sino de los distintos partidos, movimientos y organizaciones sociales Colombianas. El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el Ex Director General de la UNESCO, Don Federico Mayor Zaragoza; mi colega la Presidenta del Senado de la República Oriental del Uruguay, Lucia Topolansky; La Vicepresidenta de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la Salvadoreña Nidia Diaz, son solo algunas de las personas, hombres y mujeres de buena voluntad, que nos están invitando a avanzar en la búsqueda de la Paz en Colombia.

En mi condición de mujer que ha buscado unir sus esfuerzos con otras y otros en la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente; como Representante a la Cámara por Bogotá y como miembro de la Dirección Nacional del Partido Verde, una organización política en pleno proceso de fortalecimiento, y que promueve una nueva forma de hacer política que busca aportar en la construcción de soluciones institucionales, pacíficas, consensuadas, participativas y transparentes a los muchos problemas que afectan a nuestro país, quiero compartir con todos y todas unas reflexiones que dan sustento a nuestra postura frente a los objetivos que se plantea un evento como el que hoy nos reúne.

EL CONFLICTO ARMADO INTERNO ARMADO EN COLOMBIA.

EL PARTIDO VERDE FRENTE AL TEMA DE LA VIOLENCIA POLITICA Y LA CRISIS HUMANITARIA EN COLOMBIA

Conflicto Interno Armado y Paz

Resulta innegable que en Colombia, a pesar de los avances en materia de seguridad logrados durante los últimos años, subsisten formas de violencia que al menos en la declaración de sus actores tienen justificaciones y propósitos políticos. Este tipo de violencia contribuye al alto número de muertes violentas que ocurren en nuestro país. Poner fin a este largo conflicto hace parte, necesariamente, de los propósitos de un Partido Político que busca garantizar que en nuestro país impere el principio fundamental de que la Vida es Sagrada.

Como lo señala el artículo 22 de la Constitución Política, “La Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Quienes aspiramos a ejercer una función de liderazgo frente a la sociedad colombiana debemos tener claro el deber de contribuir en la construcción de condiciones para que los colombianos podamos tramitar, de manera pacífica y democrática, los conflictos que existen en toda sociedad humana.

Durante las últimas décadas, La dinámica del conflicto se ha visto marcada por el impacto que en la sociedad colombiana ha tenido, en todos sus niveles, el fenómeno corrosivo del narcotráfico. Las ingentes ganancias derivadas del comercio ilícito de drogas alucinógenas han fortalecido enormemente las finanzas de los actores armados ilegales y por esa vía fortalecieron también su capacidad para hacer daño. En un triste giro de nuestra historia reciente, esos mismos dineros del narcotráfico ayudaron a constituir, financiar y poner a su servicio un ejército privado de carácter contra-insurgente: el paramilitarismo.

Aunque se logró la desmovilización de un alto número de combatientes, el fenómeno del paramilitarismo no ha desaparecido. Esta situación es el resultado de un proceso de negociación liderado por el gobierno anterior, y que culminó con la adopción de un sistema de tratamiento punitivo favorable a cambio de la dejación de las armas, de la reintegración a la sociedad y de la colaboración en la aplicación de los principios universales de Verdad, Justicia y Reparación. Los vacíos del proceso han conducido a que en los últimos años hayan surgido bandas delincuenciales que en sus estructuras, modos de operación y vinculación con el negocio de las drogas ilícitas no difieren sustancialmente de los antiguos paramilitares. El gobierno los denomina “Bandas Criminales Emergentes”, BACRIM, y con sus actividades vulneran sistemáticamente los derechos fundamentales de los habitantes de las zonas en donde operan.

Frente a esta grave situación, el gobierno del Presidente Santos ha venido adelantando una estrategia sostenida que busca llevar a los actores armados ilegales a un “punto de no retorno”, en donde la única vía sea la de renunciar definitivamente al uso de las armas como medio para lograr sus propósitos. Lamentablemente, en épocas recientes esta estrategia se ha visto seriamente afectada por conductas, descritas en algunos casos como sistemáticas, de violación de los derechos humanos. Tal es el caso de las desapariciones forzadas, o de los homicidios fuera de combate de jóvenes que fueron reclutados en las zonas más pobres de distintas ciudades, y a quienes se hizo aparecer como guerrilleros muertos en combate. La ciudadanía ha dado a estas actuaciones ilegales de distintas unidades de la Fuerza Pública el eufemístico nombre de “falsos positivos”. En relación ellos se adelantan investigaciones judiciales que han producido condenas, aunque la percepción es que en este caso ha existido un alto nivel de impunidad en relación con crímenes execrables.

La aplicación de la Ley de Justicia y Paz, que sirvió de marco a la desmovilización de cerca de 30.000 paramilitares, ha producido también resultados contradictorios: reducción de los niveles de violencia en ciertas zonas del país, conocimiento progresivo, aunque muy limitado, sobre los crímenes cometidos por estas organizaciones al margen de la ley, lentitud en los procesos de juzgamiento de los responsables –buena parte de los líderes fueron extraditados a los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, afectando así el curso de los procesos que les fueron abiertos en Colombia por crímenes de lesa humanidad– y ausencia total de reparación a las víctimas de tales delitos.

Frente a este estado de cosas, el Partido Verde ha propuesto a la sociedad colombiana la búsqueda de una paz integral, sostenida y sostenible, basada en los pilares de respeto a la vida, legalidad democrática y cumplimiento del Estado de Derecho.

La violencia –no el conflicto armado interno– es el principal problema de Colombia, toda vez que el 60% de los homicidios tienen causas distintas al conflicto armado. Rechazamos la falsa la dicotomía entre salida negociada o salida militar –en términos absolutos–, pues aquella es una entre múltiples medidas políticas que todo gobierno tiene la obligación de promover para solucionar los problemas de la sociedad, además de que cualquier negociación es única en su desarrollo y resultados.

Con claridad decimos que las reformas estructurales que necesita el país no pueden salir de una mesa de negociación, y rechazamos que se pretenda utilizar las armas como amenaza en eventuales diálogos y negociaciones.

Promovemos el rechazo social y la censura moral al uso de la violencia, en particular en las prácticas políticas. “La paz se construye”, no se decreta, para lo cual consideramos necesario fortalecer el aparato de justicia, crear condiciones que hagan posible el desarrollo regional con participación ciudadana –de acuerdo a las necesidades y potencialidades de cada región– y fomentar una profunda transformación cultural hacia la legalidad.

Guerrillas, paramilitares y narcotraficantes hacen parte de la ilegalidad en Colombia. Por lo tanto, deben ser combatidos sin miramientos. El narcotráfico es quizás el más dañino de estos fenómenos, dada su capacidad potenciadora de violencias. Por eso amerita una gran reflexión sobre la ilegalidad. La fumigación no debe ser el único mecanismo de erradicación de cultivos ilícitos. Es necesario que los campesinos que viven de sembrar esos cultivos tengan otra opción de desarrollo en sus regiones, mediante vías de comunicación, comercialización y presencia del Estado.

Justicia, víctimas y crisis humanitaria

La legalidad democrática que constituye la esencia de nuestro proyecto político es un estadio superior a la seguridad democrática. Está fundamentada en la búsqueda por parte del Estado del monopolio de la justicia, y de consolidar el uso legítimo de la fuerza. Tiene como horizonte volcar el apoyo del gobierno a la administración de justicia, con la misma intensidad que se ha venido apoyando  a las Fuerzas Militares. Estamos convencid@s que el fortalecimiento de la rama judicial es un instrumento indispensable para reducir la violencia y la impunidad. Los jueces, como guardines del Estado de Derecho, con el apoyo de la Fiscalía, deberán ser garantes de esta legalidad y tendrán la ley como ‘único marco de acción’. No todo vale. El fin no justifica los medios. Por el contrario, es la legitimidad de los medios, su estricta sujeción a la Constitución y a la Ley, los que darán al Estado la fuerza política, la legitimidad, la confianza y el respaldo de la ciudadanía para poder construir una sociedad en donde la vida sea sagrada.

En cuanto a las víctimas, millones de hombres y mujeres colombianos que han sentido de cerca el efecto de este conflicto deshumanizado y deshumanizante, buscamos fortalecer una cultura de solidaridad y reconocimiento de la sociedad hacia quienes han sufrido la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. No debemos dejar de lado todas las posibilidades que brinda la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, DIH para la atención humanitaria, para el restablecimiento de los derechos vulnerados, para la promoción de una cultura de Paz.

Política de Seguridad

La política de seguridad que promovemos los y las Verdes tiene como propósito la protección de la vida y la promoción de la convivencia ciudadana, tanto en el campo como en la ciudad, a lo que se añade la lucha contra las impunidades de todo orden –legal, cultural y moral– y el apoyo a la resolución pacífica de los conflictos.

Las políticas sociales destinadas a combatir la extrema inequidad social, característica sobresaliente y negativa del país, serán bandera permanente para apuntalar la paz, erradicando así el caldo de cultivo de la violencia. Entre tales políticas cabe mencionar la destinada a solucionar el eterno problema de tierras, quizás el eje de reproducción de conflictos y violencias; la generación de empleos estables en el campo y las ciudades; la educación de calidad a todos los niveles, como medio de desarrollo del conocimiento y fundamento del empleo digno, y sobre todo el respeto a las normas de convivencia ciudadana.

Compartimos plenamente las preocupaciones que mueven a los promotores de este importante evento. Al hacer votos por el éxito de esta y otras iniciativas de la misma índole, reitero mi compromiso personal de seguir luchando por construir una sociedad en donde se respeten los derechos humanos; donde existan oportunidades para todos y todas; donde la educación marque el camino de construcción de los proyectos personales de cada uno y de cada una; donde prime la solidaridad, y no la indiferencia; donde el más poderoso y el más humilde sepan claramente que la Ley es el marco de referencia de su conducta y que la Justicia no es un enunciado retórico sino una realidad actuante, cotidiana. Una sociedad en fin en donde podamos todos y todas vivir en Paz.

ANGELA MARIA ROBLEDO GOMEZ

Representante a la Cámara por Bogotá

Miembro de la Dirección Nacional del Partido Verde