Lugares de Memoria en Colombia
La Red Colombiana de Lugares de Memoria en nuestro país se conformó en noviembre del año 2015 en un lugar emblemático, Trujillo, Valle del Cauca, donde entre el período de 1986-1994, se ejerció una práctica sistemática de eliminación de vidas humanas, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos, en tres municipios del departamento, Trujillo, Riofrío y Bolívar, donde cerca de 300 familias sufrieron de manera macabra el impacto de la guerra en la cual tuvieron participación agentes directos del Estado, en complicidad con paramilitares y narcotraficantes quienes “se tomaron la vida cotidiana de estos municipios para hacer alarde de las formas más refinadas y repugnantes de aniquilamiento de la vida humana , mediante operaciones de “limpieza social “ y de abierta persecución política.
Los lugares de Memoria están conformados hoy por 20 iniciativas, como museos, parques, centros de reconciliación y memoria a lo largo y ancho del país, quienes los integran buscan a través de la práctica de la memoria convertirse en un ejercicio colectivo y creativo de resistencia que vincule el doloroso pasado, el presente y el futuro en una combinación de tiempos y espacios que permitan codividir el dolor, resignificar los lugares de muerte, torturas, desapariciones y abrir una oportunidad a un futuro en paz y reconciliación. Los procesos de memoria son trabajados en la red como catalizadores individuales y colectivos , como espejos para mirar y experimentar el horror vivido, señalar responsables, pero al mismo tiempo permitir el florecimiento de memorias más democráticas y plurales, más propias de los procesos de paz negociados que las memorias oficiales de vencedores y vencidos.
Lugares de memoria como campos de tensión de poderes, de lucha por fijar la verdad sobre los motivos, interpretaciones, comprensiones del origen del conflicto armado y sus impactos diferenciales sobre los más de 8 millones de víctimas. Lugares de memoria como símbolos orientados a transformar el odio y la venganza para no repetir el aniquilamiento y muerte, sino para construir un nuevo pacto entre verdad, justicia, reparación y condiciones de no repetición y sentar las bases de una paz estable y duradera.
Durante la reciente audiencia realizada en el Congreso de la República “El Deber de memoria del Estado y el derecho de memoria de los pueblos”, convocada por los congresistas Alirio Uribe, Iván Cepeda, Harry González y por mí, con el apoyo y la coordinación de Fescol, el Colectivo Socio-jurídico Orlando Fals Borda y la Red Colombiana de lugares de memoria, diferentes expertos, académicos, funcionarios y víctimas dejaron claro que el compromiso de memoria del Estado debe orientarse a garantizar la verdad histórica de la sociedad, en particular la de aquellas poblaciones que han sido vulneradas en mayor medida en cuanto a sus derechos, oportunidades y condiciones de vida ; que la memoria es un proceso vivo que se ancla en los territorios y se expresa a través de las múltiples voces de las víctimas para impedir la impunidad, y el predominio de narrativas hegemónicas propias de los poderosos victimarios, quienes pretender imponer el olvido; que la memoria es un sentir histórico, cultural, político y que tiene un efecto sanador cuando la verdad sobre la muerte, la tortura, el descuartizamiento, el secuestro sale a la luz pública y permite recuperar el carácter político del conflicto armado en Colombia; que la memoria será clave en el proceso de postacuerdo y servirá también para sentar los precedentes históricos que las generaciones presentes y futuras necesitan para construir un relato común enriquecido con nuestra interculturalidad.
Para preservar estos lugares de la memoria, quienes concurrieron a esta audiencia exigen el diseño participativo de políticas públicas para que estos lugares puedan ser preservados como lugares vivos y dignos que nos permitan un Nunca Más frente a tanta ignominia y dolor.
La mayoría de estos lugares no cuentan con financiación estatal y, sin ella, sus promotores creen que están condenados a desaparecer. Según los voceros de la red, esto contrasta con experiencias latinoamericanas en las que el Estado asume su deber de garantizar a la sociedad su derecho a la memoria en condiciones de autonomía y democracia. Los procesos de memoria democrática y polifónica serán fundamentales para la paz territorial en Colombia.