No queremos seguridad a cualquier precio en los colegios de Bogotá: Ángela Robledo
La Representante a la Cámara por el Partido Verde Ángela Robledo pide al Alcalde de Bogotá revisar las medidas de seguridad implementadas en colegios públicos del distrito a fin de que “además de cámaras se planteen estrategias de fondo que permitan avanzar en la grave problemática de violencia en las aulas de la ciudad”.
En un documento publicado en sus redes, la parlamentaria dejó sentada su protesta en contra de la medida: “Quiero expresar mi más enérgico rechazo al proyecto, ya en ejecución, de instalar 1.280 cámaras de vigilancia al interior de 198 colegios distritales. Estas cámaras ya están operando en el Colegio Delia Zapata, en la localidad de Suba, y en otros ubicados en Sierra Morena, localidad de Ciudad Bolívar y en el Gustavo Rojas Pinilla, de Kennedy. La inversión estimada es de 30.000 millones de pesos”.
Efectivamente la estrategia ya arrancó con una inversión inicial de $ 16.196.000.000 que corresponde a un convenio entre la Secretaría de Educación y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y que incluye la instalación de cámaras en 25 colegios de la capital.
Ángela Robledo expresó su rechazo frente al papel que deben asumir los educadores con la nueva medida y calificó de inauditas las declaraciones de Sonia Forero, rectora del Colegio Delia Zapata: “La rectora dedica sus horas no a definir y poner en práctica el proyecto educativo institucional, sino a vigilar, como en las peores pesadillas totalitarias, qué hacen, qué dicen y cómo interactúan los estudiantes, niños y niñas, adolescentes, en los espacios en que están definiendo sus propios proyectos de vida y adquiriendo las habilidades de socialización, de interacción, de vida en comunidad que les habrán de servir a lo largo de los mismos”.
“La escuela –asegura la Representante- debe pensarse como un espacio de despliegue de subjetividades, de trabajo sobre las interacciones, la autonomía y la libertad. No un espacio carcelario donde el principio que motiva la acción es el miedo y el castigo. La función pedagógica de la escuela pierde todo norte: se está renunciando a la potencia de educar y formar en aras de vigilar y castigar”.
La congresista verde aseguró que frente a las múltiples voces que vienen proponiendo, con suficientes razones, más seguridad, es necesario y urgente reflexionar sobre las acciones a emprender y sus alcances, para que éstas no vayan en contra vía del Estado de derecho y de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.
“El país está evidenciando los límites de la “seguridad democrática” (expresión inaceptable puesto que en un Estado de Derecho, toda seguridad debe ser democrática), estrategia utilizada para encubrir un modelo de acuerdos débiles con fuerzas paraestatales que incluían beneficios judiciales para los cabecillas, e impunidad de hecho para los combatientes rasos de las “autodefensas”. El modelo también contemplaba un aumento sustancial del pie de fuerza y el gasto militar, y una definición de un objetivo único, la derrota militar de la insurgencia que, con su obsesión por los resultados, condujo incluso a violaciones al derecho internacional”, aseguró la Representante.
Robledo insiste en que muchos analistas ya habían advertido desde el año 2009 las consecuencias de los excesos de la seguridad democrática “demostrado que lo que se produjo en Colombia fue un proceso de desmovilización estratégica, al amparo de la ley de justicia y paz, y no una verdadera desarticulación de las organizaciones paramilitares. Hoy, con los jefes paras extraditados, sin proyecto contra-insurgente y con una alianza entre narcos, paras y delincuentes comunes, nos enfrentamos a lo que el General Naranjo señaló como la mayor amenaza al orden público; más grave que las Farc y los paras”.
Frente al clima de opinión que reclama seguridad pues, cada vez se hace más evidente los errores de la mal llamada seguridad democrática que disparó la delincuencia en las ciudades, Robledo plantea: “No permitamos que este entendible clamor por la seguridad como bien jurídico nos lleve a incurrir en las peores prácticas, propias de los sistemas totalitarios”.