Pronunciamiento de la audiencia pública sobre presupuesto para la educación en Colombia
FRENTE AMPLIO POR LA EDUCACION, LOS DERECHOS Y LA PAZ
PRONUNCIAMIENTO
AUDIENCIA PÚBLICA: PRESUPUESTO PARA LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA
LA EDUCACIÓN NO SE COMPRA, MI DERECHO NO SE VENDE
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
10 DE SEPTIEMBRE DE 2015
El Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz es un proceso de construcción conjunta, articulación, dialogo, organización, incidencia y movilización por la educación. En su horizonte de sentido está la construcción de un movimiento educativo y pedagógico nacional, al alcance de todos y todas, que contribuya al posicionamiento de un debate público sobre la necesidad de una política educativa en que la educación sea concebida como un derecho y un bien común en nuestro país. Es por ello que jóvenes estudiantes de secundaria, de universidades, del SENA, las/los que no tienen en dónde estudiar; docentes de colegios, institutos y universidades, públicas y privadas, procesos organizativos y educativos de pueblos ancestrales indígenas, de afrocolombianos, de campesinos; colectivos LGTBI, de madres y padres de familia, de educación y comunicación popular de las barriadas de Bogotá; organizaciones no gubernamentales, redes y plataformas del pensamiento crítico del país, nos hemos encontrado en el FRENTE AMPLIO POR LA EDUCACION, LOS DERECHOS Y LA PAZ.
Como resultado de nuestros análisis e investigaciones, plasmadas en las ponencias que presentamos en la audiencia, consideramos que el Estado Colombiano tiene la responsabilidad de garantizar que todas las niñas y los niños participen de una educación pública de excelencia, brindando atención y desarrollo desde la primera infancia y en la educación preescolar, para que luego puedan acceder a una educación pública primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa, con aprendizaje pertinentes y efectivos; de esta forma, con urgencia, a tiempo, y con el presupuesto que se requiere, las escuelas, pueden orientar sus recursos y sus posibilidades en combatir las desigualdades, incorporándose a la lucha por la paz, la dignidad y la justicia social de cada pueblo, cultura y grupo social en el que están inmersas. Como garante del derecho, el Estado tiene una responsabilidad ineludible de la construcción, fortalecimiento y universalización de los sistemas públicos de educación.
El Estado colombiano se ha encargado de hacer privado lo que es público y utilizarlo para fines particulares o de pequeños grupos que se lucran de lo que es de todos reforzando así la estructura social de castas, elites y grupos económicos exclusivos y excluyentes, e incrementando la pobreza y la exclusión social. D DENUNCIAMOS:
La creciente influencia de redes de empresarios en la determinación de la política pública educativa, que muchas veces, buscan incorporar valores y prácticas que proceden del mundo privado, así como orientaciones que buscan reformar la política pública educativa para favorecer intereses ligados a sus estrategias de negocio y crecimiento.
La atención a más del 50% estudiantes que realizan estudios de nivel superior, es en universidades privadas, que en muchos casos es de bajísima calidad. La reducción de las transferencias de recursos de la nación a las universidades públicas, por lo cual los recursos propios de cada Institución se convirtieron en su principal fuente de financiación.
La decisión del Estado de transferir buena parte del presupuesto educativo al ICETEX, privilegiando los préstamos a las y los estudiantes, para que puedan acceder a la educación superior y acentuar así el modelo privatizador y excluyente.
Programas como ‘Ser Pilo Paga’ y subsidios focalizados, así como la profundización del modelo de colegios en concesión: Financiación a instituciones privadas con recursos públicos y un modelo de endeudamiento de las familias colombianas.
El recorte sistemático de presupuesto y el déficit presupuestal actual del SENA.
El recorte de un 20% de los recursos a la ciencia y la tecnología, quedando en tan solo 270mil millones de pesos para el año 2016: la ciencia y la investigación necesitan inversión.
La precarización laboral docente y administrativa, debida a la desfinanciación de la educación pública, que se manifiesta en los bajos salarios a profesores de todos los niveles, ascensos restringidos a las y los docentes, principalmente los del estatuto 1278.
La criminalización de la protesta social, que ha llevado a la cárcel a miles de jóvenes, de estudiantes, de docentes y de personas de las comunidades educativas, como es el caso de los 13 jóvenes detenidos recientemente; así mismo, los asesinatos selectivos de docentes, líderes estudiantiles y sindicalistas.
EXIGIMOS:
Construir y adecuar las instalaciones educativas y universitarias públicas, que respondan a las necesidades de todas las personas con discapacidad, que tengan en cuenta las cuestiones de género, que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y de excelencia; aumentar sustancialmente la oferta de docentes, apoyando de manera significativa sus procesos de formación y mejorando sus condiciones económicas, posibilitando de esta manera una valoración social digna de la profesión docente. Garantizar el presupuesto que requiere la educación pública, para promover la formación integral de las y los estudiantes desde la educación inicial hasta el nivel profesional, técnico o tecnológico, que tenga en cuenta el desarrollo del país, la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía, la valoración y respeto por diversidad cultural.
Garantizar los recursos económicos para el acceso a la educación pública, en condiciones de igualdad a todas las personas, en todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y afros, y la población en situaciones de vulnerabilidad por causas del conflicto y de la pobreza.
Garantizar y reconocer el derecho de la población colombiana a la organización, participación y movilización. Propugnar por el fortalecimiento de los sindicatos de docentes y de los movimientos sociales por el derecho a la educación. La movilización estudiantil y de la comunidad educativa, es fundamental en la promoción del debate público, la generación de conciencia colectiva y los avances en las políticas públicas. La vivencia de la gestión democrática es clave. Las leyes que impiden tal participación deben ser cambiadas por otras, que garanticen la participación intencionada, sea al interior de las escuelas o en el espacio público.
La educación debe estar sujeta al control público, lo que significa que las políticas educativas deben elaborarse con la participación activa de las comunidades académicas y educativas, de manera transparente y estar sujetas al debate público, involucrando la participación ciudadana en la discusión, y la correspondiente rendición de cuentas. Sectores como el Magisterial, secundarista, Movimientos sociales y populares, el SENA, Profesores y directivas de universidades, estudiantes universitarios, organizaciones y plataformas sociales decidimos convocar y organizar esta audiencia por presupuesto digno para la educación, pues nos negamos a aceptar que las políticas públicas educativas de la nación colombiana se sigan orientando, desde afuera y desde arriba, a favor del sector privado con la única y mezquina imposición de las estrategias de formación del capital humano que impone el credo neoliberal deshumanizante.
Por ello, reafirmamos unitariamente que la educación no es una mercancía, porque los seres humanos, huéspedes transitorios de la madre tierra, no somos una mercancía. Hemos confirmado que la paz, deber y derecho de todas y de todos, no significa simplemente el fin de la insurrección armada, sino que sobretodo implica superar la dualidad rotunda entre las palabras y la acción real que afecta todas las dimensiones de la realidad. Hemos decido emprender de nuevo la travesía, recordando caminos que nutren nuestras trayectorias como el del Movimiento y la Expedición Pedagógicos de otras décadas. Hoy volvemos a tomar curso a partir de las huellas de viajes anteriores. En la perspectiva de las pedagogías populares y críticas del continente indio, afro, mestizo latinoamericano, hemos convocado a confluir en la construcción del FRENTE AMPLIO POR LA EDUCACIÓN, POR LOS DERECHOS Y LA PAZ. Con estas exigencias y denuncias, plasmadas en las ponencias de los sectores en esta audiencia aportaron avances significativos, creemos que fruto de múltiples esfuerzos entorno a la incidencia en la política educativa, a la movilización por los derechos y la paz para todas y todos los colombianos, a la multiplicación de la convocatoria fundamentada en la reflexión pedagógica y a la participación política en todos los lugares del país y en relación con procesos hermanos de los pueblos latinoamericanos.
Bogotá D.C. septiembre 10 de 2015 FRENTE AMPLIO POR LA EDUCACIÓN, LOS DERECHOS Y LA PAZ. UPN. FEU Colombia. Unidad Estudiantil Pedagógica. ASPU-UPN. ACEU. Colectivo Tejiendo Memoria. Escuela Pedro Nel Jiménez. Identidad estudiantil. La Tulpa educativa. Congreso de los Pueblos. CODES. ACEU. Multiestamentaria UD. Maestros MODEP. Colectivo Libremente. REO. El Rebelde Medios Alternativos. Sintraupn. Comité de convivencia UPN. Equipo de Paz UPN. Red Unipaz. Bienestar Universitario UPN. FUNAMA. ANDES. Colectivo Pizarrón Rebelde. Mesa de movilización social por la educación. Vamos por los derechos. Red Revuelta. Colectivo Taiyarí. Colectivo Siembra. Programa de Egresados UPN. Revista CEPA. Marcha Patriótica. Agrosolidaria Tunjuelito. Frente Amplio por la Paz. ASPU Nacional. Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación y la Pedagogía en Colombia – OACEP-. Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. Coordinadora Distrital de Estudiantes de Secundaria. ASPU UN. Alternativa Popular Educativa. Red Distrital de estudiantes de secundaria – REDES. FUNPES. Toma Conciencia. UP Bases en Rebelión. Planeta Paz. Colectivo Pedagógico. ADE. SINTRAUCOL. COES. SINDESENA. Congresistas Ángela Robledo, Alirio Uribe, Víctor Correa, Alberto Castilla y Senén Nino.