Rendición de cuentas de Ángela María Robledo 2020-2

Rendición de cuentas de Ángela María Robledo 2020-2

  • 26 diciembre, 2020
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Proyectos de Ley

– Proyecto de Ley “Por medio de la cual se garantiza un programa ampliado universal de inmunización contra el virus SARS-CoV-2 el cual es responsable de la enfermedad COVID-19 y se dictan otras disposiciones”: Este proyecto de ley buscaba garantizar la gratuidad y universalidad en la vacuna o tratamiento que se desarrollara para el Covid-19, así como su inclusión en el esquema de inmunización del país. Esta fue una iniciativa en conjunto con los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino y la Representante María José Pizarro.

-Proyecto de ley “Por medio del cual se establece un Pacto Climático para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”: Este proyecto busca que el país asuma compromisos concretos y cuente con herramientas para lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

-Proyecto de Ley No. 411 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se dictan medidas para la prevención y sanción de los abusos en la actividad de policía”: Este es un proyecto de autoría del Representante Inti Asprilla que apoyó Ángela María Robledo por su importancia y relevancia a los crecientes y alarmantes casos de abuso policial denunciados por la ciudadanía y que se vieron en redes sociales y medios de comunicación durante el 2020.

– Proyecto de ley “Por el cual se reforma la Ley 62 de 1993, la ley 1801 de 2016, se fortalece el carácter civil de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto de ley también busca reformar la Policía con el fin de implementar medidas que impidan el uso desmedido de la fuerza y el abuso policial. Estas medidas resultan muy necesarias viendo el creciente número de denuncias en esta materia y la falta de resultados frente a las mismas.

– Proyecto de Ley “Por medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados y se dictan otras disposiciones”, el cual tiene como propósito la regulación de la hoja de coca en el país.

– Proyecto de Ley “Por medio del cual se garantiza matrícula cero”. Con ese proyecto se busca garantizar matrícula cero en instituciones estatales u oficiales de educación superior en el país con el fin de eliminar barreras de acceso y garantizar la permanencia educativa.

– Proyecto de Ley “Por medio del cual se modifica el decreto legislativo 518 de 2020 “por el cual se crea el programa ingreso solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica” y se decreta el pago de la renta básica de emergencia”. El objeto de este proyecto es que sea adoptado en el país una Renta Básica Mensual que permita hacer frente a los desafíos sociales y económicos de la pandemia, garantizando en todo momento el mínimo vital de los y las colombianas.

– Proyecto de Acto Legislativo “Por medio del cual se adopta una reforma política y electoral que permita la apertura democrática para la construcción de una paz estable y duradera”. Esta reforma constitucional tenía el propósito de brindar las bases de un Estado democrático, fomentando la transparencia y garantías electorales en el país.

– Proyecto de Ley “Por medio de la cual se incorporan al Título XII del Código Penal (ley 599 de 2000) disposiciones tendientes a combatir grupos de seguridad que ejecuten actos ilegales, grupos armados organizados ilegalmente denominados paramilitares, grupos de autodefensas, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas u otras denominaciones equivalentes”. El presente proyecto de ley tiene por propósito implementar el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016, entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las FARC-EP, en especial, lo dispuesto en el punto 3.4 sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

– Proyecto de acto legislativo “Por medio del cual se modifica el artículo 221 de la Constitución Política con el fin de fortalecer la protección de los derechos humanos y la garantía a un tribunal independiente, imparcial y competente”. El presente Acto Legislativo busca garantizar que las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario sean juzgados por la justicia ordinaria, en consonancia con la jurisprudencia nacional y las recomendaciones recibidas por organismos internacionales de derechos humanos.

Proyecto de acto legislativo 287 de 2020 cámara, “Por medio del cual se crea sistema progresivo para la Garantía del Derecho Humano a la Alimentación y reforma la Cisan” Busca garantizar el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas de la población colombiana, a través de la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, el cual tendrá el propósito de erradicar el hambre y la malnutrición, y en esa medida fomentar la producción, disponibilidad, el acceso, adecuación cultural y calidad de la alimentación.

-Proyecto de Ley “Por medio de la cual se establecen políticas de atención integral en salud mental para el personal de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”. El objeto de la presente ley es promover, apoyar y atender de forma efectiva el ejercicio pleno del derecho a la salud mental del personal de salud que presta sus servicios dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia.

-Proyecto de Ley “Por medio de la cual se establecen medidas en pro de la atención en salud mental preventiva en el sistema penitenciario en Colombia y se dictan otras disposiciones”. El objeto de la presente ley es garantizar de forma plena el ejercicio al derecho a la salud mental mediante la promoción y prevención a la población privada de la libertad dentro del sistema penitenciario en Colombia, buscando impactar positivamente para menoscabar fenómenos asociados a la reincidencia criminal. 

– Proyecto de Ley sobre Comisarías de Familia. Este proyecto buscar regular las comisarías para mejorar las condiciones de comisarios/as y fortalecer la atención a las mujeres víctimas de violencia en el contexto familiar.

– Proyecto de Ley Contra la Violencia Política hacia las mujeres. Este proyecto busca que se reconozca, prevenga y atienda la violencia política contra las mujeres.

Control Político

– Convocamos al debate de control político Moción de Censura al Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, por su responsabilidad de mando por los abusos de autoridad y de la fuerza por parte de la Policía Nacional, el que era un desacato a orden judicial y el incumplimiento de las funciones propias de su cargo y los costos humanos que reflejan un retroceso en el marco del período de los dos últimos años.

-Convocamos al debate de control político La situación de líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas en proceso de reincorporación, por el asesinato a líderes sociales en el marco de las políticas de paz. Afectaciones a líderes/as ambientales, de sustitución y de restitución de tierras y aumento desproporcionado y un recrudecimiento de la violencia armada en el país e incumplimiento de la política pública de Gobierno frente a los acuerdos de seguridad.

-Convocamos al debate de control político Abuso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, por el caso de Javier Ordóñez y su relación con las actuaciones inconstitucionales que se enmarcan en el Código de Policía (Ley 1801 de 2016) y para exigir la reestructuración de La Policía Nacional para garantizar una cultura de derechos y democracia.

-Convocamos al debate de control político El aumento de masacres en Colombia, por no existir un diagnóstico real por parte de las entidades que nos permita reconocer la problemática, diagnosticar las limitaciones de la respuesta y prevenir que estos atroces crímenes sigan ocurriendo.

-Participamos en la Comisión Legal de Equidad para la Mujer participamos en los Debates de Control Político y las audiencias públicas que tenían como objetivo hacer un seguimiento al trazador de género mediante el cual las entidades estatales tienen la responsabilidad de identificar cuáles son los recursos específicos que destinan al cumplimiento de medidas con enfoque de género, que benefician a las mujeres y la garantía de sus derechos y que propenden por la igualdad.

Audiencias públicas

-En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes convocamos la audiencia pública La cultura en tiempos de pandemia la cual tenía como propósito realizar un balance de la política de atención al sector cultura en el marco de la pandemia, analizando el estado de las medidas adoptadas y la efectividad de estas.

-En la Comisión Legal de Equidad para la Mujer convocamos la audiencia pública Mujeres Rurales: cuidado, territorio y paz con el objetivo de hacer seguimiento a los compromisos que ha venido adquiriendo el gobierno nacional con las mujeres rurales del país en el marco del cumplimiento de la Ley Rural; favorecer un espacio de diálogo desde el Congreso de la República en el que las mujeres y organizaciones rurales pudieran hacer públicas sus preocupaciones, ideas, propuestas y balances y priorizar la exigibilidad de derechos en torno a la situación del campo colombiano ante la coyuntura de emergencia sanitaria y de seguridad frente a los liderazgos rurales que defienden la vida, el territorio y la paz. 

-En la Comisión segunda del Senado de la República participamos en la audiencia pública sobre violencia policial, convocada por congresistas y concejales de Bogotá. Escuchamos y dimos voz a los familiares de las víctimas de la violencia policial, especialmente en el marco de los hechos ocurridos en la semana del 9 al 12 de septiembre en los que la Policía asesinó a 14 civiles desarmados. Se contó con organizaciones de DDHH y abogados defensores de los familiares.

-En la Comisión de Paz participamos en las audiencias públicas Del Capitolio al Territorio. subregión PDET del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño; Urabá Antioqueño y Pacífico Medio, con víctimas, líderes PDET, líderes PNIS, excombatientes FARC y cooperación internacional. En el marco de esta Comisión también participamos en la audiencia pública crisis humanitaria en la región del Catatumbo, Cúcuta y su zona Metropolitana.

En la Comisión de Seguimiento a la LEY 1448 de 2011

-En la Comisión de Seguimiento a la LEY 1448 de 2011 participamos en la audiencia pública Logros y mayores dificultades en la implementación del enfoque diferencial de género, con mujeres víctimas del conflicto armado, donde escuchamos a las redes de mujeres, las mesas de participación de Víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

-Participamos en la audiencia pública de la Presentación del informe del Gobierno Nacional al Congreso de la República Balance Ley 1448 de 2011, donde se abordaron temas como la situación de superación de condiciones de vulnerabilidad, enfoques diferenciales, reparación colectiva, restitución de tierras despojadas, retornos y reubicaciones, prevención y protección, garantías de no repetición, participación, articulación del sistema de atención con el sistema de verdad justicia y no repetición y el tema de financiación de la ley.

-Participamos en la audiencia pública sobre reparación colectiva de víctimas del conflicto armado, escuchamos a los sujetos de Reparación Colectiva como comunidades campesinas y barriales, comunidades y pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales preexistentes a los hechos que los victimizaron, que sufrieron daños colectivos. Únicamente el 2% (16) ha terminado la ejecución de las medidas del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC).

-Participamos en la audiencia pública con las localidades de Bogotá D.C. Bosa, Chapinero, Engativá, Kennedy, San Cristóbal, Santa Fe, Tunjuelito, Usaquén, Usme y Fontibón, para abordar la ciudad-Región como epicentro de paz y reconciliación y discutir sobre la implementación en el Plan de Desarrollo Distrital del AL 01 y el Acuerdo de Paz.  

Intervenciones jurídicas

-Denuncia penal contra el ex Subsecretario de Planeación del ex Alcalde Enrique Peñalosa para que se investigue la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, al demostrar que este funcionario mintió en una comunicación a la Corporación Autónoma Regional – CAR – con el propósito de evitar el trámite de licenciamiento ambiental de 12 vías que la administración Peñalosa pretendía pasar por la Reserva van der Hammen.

-Intervención ante la Corte Constitucional apoyando la demanda de inconstitucionalidad al artículo 140, numeral 11 del Código de Policía Ley 1801 de 2016, liderada por Temblores ONG, por ser una medida discriminatoria con los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle al multar la realización de necesidades fisiológicas en la calle. Esta medida del Código de Policía contribuye a la estigmatización de la población habitante de calle y no logra disuadir o corregir el comportamiento que sanciona, pues no existe otro lugar donde los y las habitantes de calle puedan ir al baño.

-Intervención ante la Corte Constitucional apoyando la demanda de inconstitucionalidad al artículo 122 del Código, que penaliza el aborto. Como lo alegan las demandantes la penalización parcial del aborto que tenemos hoy en nuestro ordenamiento jurídico, donde en unos casos la IVE es un derecho fundamental y en otros un delito, constituye en sí mismo una barrera y profundiza las existentes para el acceso a la IVE en los casos despenalizados, que además, termina teniendo un impacto desproporcionado y consecuentemente discriminatorio en las mujeres y niñas más vulnerables.

-En conjunto con otros congresistas, con concejales y organizaciones de derechos humanos recogimos numerosos casos que se enviaron en una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) informando sobre la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y deportaciones forzadas ocurridas en Colombia durante manifestaciones/protestas públicas y pacíficas ocurridas entre el 24 de agosto de 2018 y el 13 de septiembre de 2020.  Los hechos involucran a autoridades policiales y, en algunos casos, a miembros de las Fuerzas Militares.

-Acción de Tutela para el reconocimiento de los resultados de la Consulta Anticorrupción, producto de la identificación de la no depuración del censo electoral que afectó el porcentaje necesario para hacer vinculante la consulta. La acción de tutela fue presentada junto con los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Angélica Lozano y el comité promotor de la Consulta Anticorrupción.

-Demanda de Inconstitucionalidad al Acto Legislativo de la Cadena Perpetua. Esta demanda tiene como propósito que sea declarada la inconstitucionalidad de la cadena perpetua al ser una sustitución de la Constitución al vulnerar el principio de dignidad humana. Además de desconocer la Carta Interamericana de Derechos Humanos que hace parte del bloque de constitucionalidad. La demanda fue presentada junto con los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras y la Comisión Colombiana de Juristas.

-Coadyuvancia sobre los operativos de erradicación forzada que se están realizando en el departamento de Cauca ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca y en el marco de la acción de tutela de los derechos a la vida, integridad, intimidad, libertad personal y la familia, salud, mínimo vital, debido proceso, paz y al principio de distinción y otras reglas del DIH, que han sido vulnerados a partir de los operativos de erradicación forzada que se han realizado en el departamento del Cauca.

-Se envió comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) con el fin de que sea incluida como información adicional en el marco del examen preliminar abierto en Colombia por la Oficina de la Fiscalía desde hace casi 15 años.

-El informe trata específicamente sobre crímenes de violación y otras formas de violencia sexual en los términos del apartado g) del párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto, y crímenes de guerra en el contexto del conflicto armado sin carácter internacional con arreglo al artículo 8 del Estatuto, c) iii) del párrafo 2 del artículo 8; actos de violación y otras formas de violencia sexual en los términos del apartado.

-En el informe anexo se busca remitir información actualizada con algunas de las afectaciones sistemáticas que sufren las mujeres, jóvenes y niñas a partir de las distintas formas de violencia en Colombia, entre las que se encuentran: (i) la violencia sexual y armada en el marco del conflicto, la violencia política que se evidencia en las agresiones contra defensoras de DD. HH., junto con la exclusión y el silenciamiento de las mujeres de la oposición y la violencia social vinculada a la estigmatización y a las difíciles condiciones que enfrentan las mujeres para acceder a sus derechos, incluidos el acceso a la justicia a la verdad.

Participación en foros

-Participamos en varios eventos de la campaña #ParidadYa por la importancia central que tuvo este tema en 2020 dada la discusión del nuevo Código Electoral y la reforma política en el Congreso de la República y por ser una lucha histórica de las mujeres para seguir avanzando en la tarea de feminizar la política y ocupar el poder con nuestra agenda transformadora y dignificadora.

-Moderamos el foro Abriendo Trocha: participación política de las mujeres rurales convocada por OXFAM por ser la agenda de las mujeres rurales absolutamente central para pensar el país, los derechos laborales, la soberanía alimentaria, el cuidado, la paz y el territorio.

-Participamos en el foro Matrícula Cero, hacia la configuración de un frente amplio, donde analizamos las medidas implementadas por los decretos en el marco de la emergencia que contuvieran medidas dirigidas específicamente a prevenir la deserción estudiantil.

-Participamos en el foro Amenazas a la verdad de Universidad de los Andes, allí discutimos sobre el reconocimiento de una verdad amplia, en donde la sociedad sea concientizada y asuma que ha habido un conflicto que ha causado impactos en todos los niveles, es una contribución para alcanzar la convivencia democrática.

Participamos en el foro Retos para el Desarrollo Humano en la construcción de la paz en Colombia donde discutimos como el derecho al desarrollo implica un pacto social que se ha visto obstaculizado generalmente a por elites globales y nacionales, de allí que permanentemente se debata acerca de su valor jurídico, o sea, su grado de obligatoriedad en cuanto derecho humano, tanto en el ámbito internacional, más aún, en el marco jurídico de los Estados. Adicionalmente, el cumplimiento de la paz integral, como derecho síntesis de todos los demás derechos, implica la construcción de una sociedad más incluyente y equitativa.

-Participamos en el foro Mujeres y paz de la Cátedra Permanente de Paz, en el que según el estudio elaborado por el grupo Paz, la forma en la que se incorporó el enfoque al Acuerdo fue mediante la inclusión de medidas afirmativas para la promoción de la igualdad de género; el establecimiento del carácter perentorio de la participación de las mujeres y de sus organizaciones en la construcción de la paz; y el reconocimiento de la victimización diferenciada y desproporcionada de la que fueron objeto a causa del conflicto armado.

-Participamos en la escuela de Formación Política de Compromiso Ciudadano Risaralda que fue un espacio de discusión con políticos, académicos y empresarios, con el fin de construir y animar nuevos liderazgos. Además de conversar sobre el balance al Acuerdo de Paz y la necesidad de su implementación.

-Participamos en la Asamblea Nacional de la plataforma de DD. HH. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, donde abordamos la relación entre Estado Social de Derecho y el Estado económico, el impacto del COVID – 19 en la situación laboral de las mujeres, de acuerdo con el informe publicado por PNUD, y la militarización de la vida social y del Estado Social de Derecho.

-Participamos en el Conversatorio Avances, perspectivas y retos del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz en sus 3 años de implementación, hicimos un balance del trabajo desarrollado por la JEP hasta el momento, que permitió que las víctimas y las organizaciones presentes conocieran  que actividades se han realizado desde su entrada en funcionamiento y cómo estás han contribuido al cumplimiento de sus fines misionales y a la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

-Participamos en el foro La construcción femenina y social de la verdad, donde se discutió sobre la justicia transicional en su función expresiva del deber de construir la verdad histórica, lo que permite la posible imputación de responsabilidades políticas a sujetos colectivos, así como establecer el contexto del conflicto armado en que se produjeron este tipo de crímenes. Se destacan elementos de verdad extrajudiciales que permiten a una sociedad acceder al derecho de reconocer los hechos cometidos en el marco del conflicto y entender las causas de estos, la verdad histórica de cada grupo poblacional, especialmente a las víctimas.

-Participamos en varios foros y talleres sobre la economía del cuidado, entre ellos, “La Economía del cuidado antes y después de la Pandemia” y otro convocado por la Mesa Interseccional de Economía del Cuidado por la Conmemoración de los 10 años de la Ley 1413 de 2010.

+ 48 ponencias a proyectos de ley y actos legislativos.

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