Se está lesionando gravemente el Acuerdo de Paz.

Bogotá D. C., 11 de marzo de 2019.

Señor
António Guterrez
Secretario General de las Naciones Unidas
Nueva York

Apreciado señor Secretario:

El 17 de septiembre de 2016, el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copias del acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se le entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores.

El quinto punto de ese acuerdo está consagrado a los derechos de las víctimas y, en particular, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El Congreso de Colombia incorporó a la Constitución Política los elementos estructurales del mencionado Sistema y de la Jurisdicción Especial para la Paz, ratificando así que ésta sería la institución encargada de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado.

El 24 de enero del presente año, luego de examinar el informe de la Misión de Verificación de la ONU para el proceso de paz en Colombia, los miembros del Consejo de Seguridad “[r]eiteraron la necesidad de respetar plenamente la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y subrayaron la importancia de que se le de apoyo político y práctico que le permita alcanzar su objetivo de garantizar los derechos de las víctimas. También expresaron su apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuyo papel es esencial para el establecimiento de la verdad y la reconciliación” .

De la misma manera, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, ha respaldado la construcción de la paz entre el Estado y las FARC-EP, y ha afirmado que el Acuerdo Final “[r]econoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia”. También ha recordado que “[e]stas aspiraciones deben ser atendidas plenamente, a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia”, y que “[s]e espera que la Jurisdicción Especial para la Paz […] lleve a cabo esta función y que se centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Esta promesa de rendición de cuentas debe volverse una realidad para asegurar que el pueblo de Colombia aproveche plenamente los beneficios de la paz” .

En desarrollo del examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la CPI con relación a la situación colombiana, en diversos pronunciamientos ha llamado a las autoridades de nuestro país a que sin dilación ni obstáculos se impulse el funcionamiento de la JEP. De esta forma, el señor James Stewart, vicefiscal de la CPI, en visita realizada a Colombia el 1º de noviembre de 2018, insistió en la necesidad de permitir “que los magistrados de la JEP hagan su trabajo» .

A pesar de la claridad de todos estos mensajes de influyentes instancias de la comunidad internacional, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional. La más reciente de esas trabas es el conjunto de objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que ha presentado el Presidente de la República al Congreso, pese a que dicha ley ya fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Esto es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica.

El pasado 20 de febrero, frente a lo que entonces era solo una posibilidad de que la ley fuera objetada por el presidente Duque, el vicefiscal Stewart subrayó “la importancia de que la JEP tenga un marco legal definitivo”, y fue enfático en advertir que “[d]e no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones” .

Desafortunadamente, el asunto no se limita a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, que de hecho ya es muy grave. El Gobierno y su bancada en el Congreso han anunciado la radicación de proyectos de reforma constitucional y legal para modificar la nueva jurisdicción, lo que no solo supondría una variación unilateral del acuerdo de paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP.

Uno de los temas en los que quieren hacer ajustes es en el concerniente a la investigación y juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública. El Centro Democrático, partido de gobierno, ha dicho de tiempo atrás que los miembros de la Fuerza Pública no tienen garantías de imparcialidad en la JEP. Tanto el Acuerdo de Paz como la Constitución Política de Colombia establecen el carácter inescindible de la JEP, por lo que ésta sería la única competente para investigar, juzgar y sancionar tanto a los excombatientes de la guerrilla como a los integrantes de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en desarrollo del conflicto armado. Si bien es cierto que la Constitución también dice que al interior de la JEP el tratamiento de los miembros de las fuerzas armadas deberá ser simétrico, equilibrado, equitativo, simultaneo, y diferenciado en algunos aspectos, la Corte Constitucional ya precisó que el alcance de esta última expresión no significa que se pueda crear una jurisdicción ad-hoc encargada exclusivamente de investigarlos y juzgarlos a ellos.

Para que la JEP logre su objetivo de llamar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra, y, en general, de graves violaciones a los derechos humanos a rendir cuentas judiciales, debe contar con todas las herramientas institucionales, financieras y legales que necesite de acuerdo con la envergadura de su tarea. De no ser así, habría riesgos para el pleno ejercicio de sus competencias y podrían presentarse escenarios en que la falta de herramientas jurídicas favorezca la impunidad y limite la garantía de los derechos de las víctimas. Como ejemplo de los riesgos que lleva consigo la actitud del presidente Duque, vale la pena recordar que es en esa ley que ahora está objetando, donde se garantiza la autonomía financiera de la JEP, cuyo presupuesto ya ha sido cuestionado por el partido de gobierno calificándolo de exageradamente alto.

Señor Secretario:

Quienes suscribimos esta comunicación somos integrantes de las delegaciones que en nombre del gobierno de Colombia y de las FARC-EP elaboramos el Acuerdo de Paz; congresistas que hacemos parte de las comisiones de paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; exministros y exfuncionarios de gobierno; víctimas del conflicto armado, dirigentes de representativas organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, académicos, columnistas de opinión e intelectuales, ciudadanas y ciudadanos que trabajamos por la paz y la reconciliación nacional. Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas. Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional. Por todas estas razones, pedimos que en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se de cuenta de los hechos mencionados en esta misiva.

PS. Remitimos copia del presente escrito a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y a la Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Atentamente,

Equipo Negociador del Gobierno Nacional en los Diálogos por la Paz

– Humberto de la Calle Lombana
Exjefe del equipo de paz y exvicepresidente de la República
– María Ángela Holguín
Exnegociadora de paz y excanciller de la República
– Juan Fernando Cristo Bustos
Exnegociador de paz y exministro del Interior
– Rafael Pardo
Exnegociador de paz y exministro
– Frank Pearl
Exnegociador de paz y exalto comisionado para la paz
– Roy Leonardo Barreras Montealegre
Exnegociador de paz y senador Partido U

Equipo Negociador de FARC en los Diálogos por la Paz

– Rodrigo Londoño Echeverri
Presidente del partido FARC
– Pablo Catatumbo
Exnegociador de paz y senador del partido FARC
– Pastor Alape
Exnegociador de paz y dirigente del partido FARC
– Julián Gallo Cubillos
Exnegociador de paz y senador partido FARC
– Victoria Sandino
Exnegociadora de paz y senadora del partido FARC
– Marcos Calarcá
Exnegociador de paz y representante del partido FARC
– Rodrigo Granda Escobar
Exnegociador de paz y dirigente partido FARC

Otras personalidades que suscriben:

– Abad Colorado Jesús
Periodista y fotógrafo documental
– Antequera José
Activista defensor de derechos humanos
– Arévalo Julián
Decano Facultad de Economía Universidad Externado

– Arias Wilson
Senador Polo Democrático Alternativo
– Avella Esquivel Aida Yolanda
Senadora Coalición Lista de la Decencia
– Ávila Martínez Ariel
Subdirector Fundación Paz y Reconciliación
– Barrios Alejandra
Directora Misión de Observación Electoral (MOE)
– Bejarano Guzmán Ramiro
Columnista de opinión y abogado
– Bernal Luz Marina
Líder de las madres de las víctimas de los ‘falsos positivos’
– Bolívar Gustavo
Senador Coalición Lista de la Decencia
– Borja Díaz Wilson Alfonso
Exrepresentante a la Cámara y dirigente político
– Botero Catalina
Exrelatora Especial de Libertad de Expresión de la CIDH/OEA y abogada
– Cabrera Mauricio
Economista
– Cala Suarez Jairo Reinaldo
Representante Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC
– Cárdenas Jhon Jairo
Representante Partido U
– Carrascal Mafe
Activista política
– Castilla Alberto
Senador Polo Democrático Alternativo
– Castillejo Alejandro
Docente Universidad de Los Andes
– Celis Luis Eduardo
Analista en temas de paz y conflicto armado
– Cepeda Castro Iván
Senador Polo Democrático Alternativo
– Cerón Ángela
Defensora de Derechos Humanos
– Cristo Bustos Andrés
Senador Partido Liberal
– De Gamboa Camila
Profesora universitaria
– Díaz Uribe Eduardo
Exdirector de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos
– Duque Lisandro
Director de cine y columnista de opinión
– Dussan Jaime
Exsenador de la República y dirigente político
– Escobar Ángela María
Coordinadora Red de Mujeres Víctimas y Profesionales

– Estupiñan Liliana
Profesora universitaria
– Fries Martínez Bertha Lucia
Víctima del atentado al Club EL Nogal
– Galán Juan Manuel
Exsenador y dirigente político
– Garcés Córdoba Mariana
Exministra de Cultura
– García Lidio Arturo
Senador Partido Liberal
– García Peña Daniel
Exalto comisionado para la paz y columnista de opinión
– García Realpe Guillermo
Senador Partido Liberal Colombiano
– Gaviria Alejandro
Exministro de Salud
– Gil Andrés
Presidente Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina
– Gil Savastano Laura Gabriela
Directora Portal La Línea del Medio
– Goebertus Estrada Juanita María
Representante Partido Alianza Verde
– Gómez Londoño Luis Ernesto
Exviceministro del Interior
– González Arana Roberto
Historiador y profesor universitario
– González Benedicto de Jesús
Representante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
– González Posso Camilo
Exministro e investigador
– González Roberto
Profesor universitario
– Henao Juan Carlos
Expresidente de la Corte Constitucional
– Herrera Botta Adriana
Empresaria
– Hommes Rudolf
Exministro de Hacienda y columnista de opinión
– Juviano Catherine
Periodista y activista social
– Kohon Mariela
Exasesora de la delegación de paz de las FARC y exdirectora de Justice for Colombia
– Lara Salive Patricia
Escritora y columnista
– Leal Buitrago Francisco
Profesor e investigador universitario
– León Magdalena
Socióloga y Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional
– Leyva Durán Álvaro
Exministro y exconstituyente
– López Alexander
Senador Polo Democrático Alternativo
– López Montaño Cecilia
Exministra de Trabajo
– López Obregón Clara
Exministra de Trabajo
– López Claudia
Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenadora
– Lozada Vargas Juan Carlos
Representante Partido Liberal Colombiano
– Lozano Correa Angélica Lisbeth
Senadora Partido Alianza Verde
– Mantilla Ignacio
Exrector de la Universidad Nacional de Colombia
– Márquez Mina Francia Elena
Integrante del Proceso de Comunidades Negras y Ganadora del Premio Goldman de Medio Ambiente
– Martínez Diego
Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz
– Marulanda Gómez Luis Iván
Senador Partido Alianza Verde
– Medina Henry
General (r)
– Miranda Peña Katherine
Representante Partido Alianza Verde
– Mockus Antanas
Senador Partido Alianza Verde
– Monsalve Darío de Jesús
Arzobispo de Cali
– Muñoz Lopera León Fredy
Representante Partido Alianza Verde
– Navarro Antonio
Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenador
– Navas Talero Germán
Representante Polo Democrático Alternativo
– Orejuela Libardo
Exrector de la Universidad Libre del Valle
– Pardo Alberto
Director MundiPaz
– Paz Carlos Arcesio
Empresario
– Parra Gabriela
Periodista
– Pizarro Rodríguez María José
Representante Partido Alianza Verde
– Quintero Calle Daniel
Exviceministro
– Racero Mayorca David Ricardo
Representante Partido Alianza Verde
– Ramírez Sandra
Senadora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
– Restrepo Álvaro
Director del Colegio del Cuerpo
– Reyes Alvarado Yesid
Exministro de Justicia
– Ríos José Noé
Exviceministro y exnegociador de paz con el ELN
– Rivera Flórez Guillermo
Exministro del Interior
– Robledo Gómez Ángela María
Representante Colombia Humana
– Robledo Jorge Enrique
Senador Polo Democrático Alternativo
– Rodríguez Roosvelt
Senador Partido de la U
– Rojas Jorge E.
Exsecretario de Integración Social
– Romero Marco
Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Nacional y director de Codhes
– Rozo Rengifo Juan Sebastián
Exministro de TICS
– Sáez de Ibarra María Belén
Directora de Patrimonio de la Universidad Nacional
– Salcedo Doris
Escultora
– Saldarriaga Óscar
Académico e investigador de la Universidad Javeriana
– Sanabria Luis Emil
Director de Redepaz
– Sanguino Páez Antonio
Senador Partido Alianza Verde
– Sánchez Gonzalo
Exdirector del Centro de Memoria Histórica e investigador universitario
– Sánchez María Eugenia
Casa de la Mujer
– Sánchez Olga Amparo
Casa de la Mujer
– Sanín José Luciano
Director de Viva la Ciudadanía
– Santiago Enrique
Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz
– Serpa Horacio José
Senador Partido Liberal
– Socarrás Reales Fredys Miguel
Exviceministro de Trabajo
– Toloza Francisco Javier
Exvocero de paz
– Ungar Bleier Elizabeth
Exdirectora de Transparencia por Colombia
– Valencia Agudelo León
Director Fundación Paz y Reconciliación
– Vargas Velásquez Alejo
Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz – Universidad Nacional
– Velasco Luis Fernando
Senador Partido Liberal