Sin educación, no hay camino…

 

Lo más lamentable es que en Colombia tenemos muchos Wikdis que quieren su escuela y anhelan muchos de ellos, ser maestros, como nuestro personaje. Pero ante la ausencia de opciones educativas, oportunidades, condiciones de vida digna y proyectos de futuro optan por la ocupación de la guerra, la minería ilegal, la producción y el microtráfico de drogas, y demás actividades ilícitas.

 

La semana pasada denuncié en debate de control político que la señora María Fernanda Campo, quien ocupa la cartera de Educación, en una actitud negligente e irresponsable, delega su tarea en las regiones sin ninguna supervisión sistemática, permitiendo así convertir la ya precaria educación de las zonas rurales, en un negocio que solo es rentable para iglesias y organizaciones de papel de los departamentos más pobres y en mayor situación de conflicto. Todo ello amparada en un decreto que termina por legitimar la enorme brecha que existe entre la educación en las grandes ciudades y la que se imparte en los territorios en guerra.

 

Más de 200 mil millones de pesos han recibido iglesias y otras organizaciones de «dudosa ortografía» a cuenta de contratos para el servicio educativo rural en 393 municipios de los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Norte de Santander, Santander, Meta y Caquetá, durante los últimos tres años.

 

«¿Cómo se podría romper el círculo vicioso del atraso? -Se pregunta Alberto Salcedo en su crónica, y su respuesta es contundente- En parte con educación, supongo». No piensa lo mismo la responsable de la educación, quien olímpicamente afirma que lo que ocurre en los municipios es un asunto local que no le compete a cuenta de la descentralización. Y se queda tan tranquila, ¡qué cinismo!

 

Es intolerable que el Ministerio de Educación siga argumentando después de 20 años -amparado en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 2355 de 2009- que muchas regiones no cuentan con «suficiencia educativa» para cumplir con el derecho fundamental de los niños y jóvenes a la educación y esta situación la resuelvan avalando contrataciones que según muchas denuncias, no cumplen criterios mínimos de idoneidad, continuidad, calidad y pertinencia.

 

En repetidas oportunidades los contratos mencionados, no especifican el número de estudiantes a quienes se prestará el servicio; se encuentran rubros para la compra de «elementos estudiantiles» los cuales no aparecen, pero sí se incluyen hasta pasajes aéreos. En algunos casos se entregan anticipos por el 95% del valor contratado. La palabra para describir estas actuaciones es corrupción, no hay duda.

 

Es inconcebible que el Ministerio de Educación como cabeza de la política pública del Gobierno Santos ni se ocupe, ni se preocupe por lo que pasa con miles de niños y niñas pobres de las zonas rurales de este país. No existe seguimiento sistemático a estas contrataciones que no cumplen con el calendario escolar, pues se ejecutan en algunos casos durante seis o siete meses dejando el resto de tiempo a los niños y jóvenes a la deriva, como ha sido denunciado en muchos de los municipios del sur del departamento de Bolívar y en Caquetá. Situación que afecta de igual manera a muchos maestros a quienes se les vincula por días y meses sin estabilidad laboral, ni seguridad social.

 

Hay que sacar a los niños, niñas y jóvenes de la guerra, con un Estado Social de Derecho real que les garantice efectivamente un presente y un futuro dignos. La travesía de Wikdi, así como la de muchos niños y niñas en Colombia, debe ser una travesía hacia una vida digna, donde la educación de excelencia, sea el camino.