Violencia sexual: el lado más oscuro de la guerra en Colombia
El título de la presente columna es la paráfrasis de la afirmación más fuerte que hizo Margot Wallström, representante especial del Secretario General de Naciones Unidas, sobre la violencia sexual en los conflictos, en su visita a Colombia en mayo de 2012
(http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2012/05/conferencia-de-prensa-margot-wallstrom-en-colombia/).
La afirmación de la Dra. Wallström no es exagerada, de hecho, tristemente describe y resume de manera precisa la realidad de la violencia sexual en el marco del conflicto armado: una realidad invisible, impune, generalizada y sistemática, como se describe en la sentencia 092 de la Corte Constitucional del 2008. Es un crimen que se naturaliza, no se reconoce, no se juzga y, en muchos casos, se justifica.
Así se verifica por las experiencias narradas, desde el dolor y la fuerza de muchas mujeres víctimas de este delito que han pasado de ser sujetas de dolor a agentes de dignidad, para defender los derechos humanos de otras mujeres, adolescentes, niñas y niños en nuestro país.
Yovana Sáenz, víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado resume de manera contundente esta realidad: «Eso es lo que está pasando en Colombia, llevamos más de 10 años denunciando violencia sexual, empalamientos, y en vez de recibir acceso a la justicia lo que estamos recibiendo las mujeres son señalamientos». Angélica Bello «…fui abusada el 26 de noviembre de 2009 y hasta el día de hoy, en estos momentos no sé qué ha pasado, ni siquiera me han llamado a hacer un retrato hablado».
La violencia sexual en el marco del conflicto armado hace parte de un repertorio de estrategias intencionales, con planes determinados y jerarquías definidas por parte de los responsables. Utiliza el cuerpo de la mujer como territorio de guerra, y busca despojarla de su dignidad, amilanar a la población, humillar al enemigo. La violencia sexual es el brutal escenario de quien ejerce un dominio absoluto sobre las víctimas, las cuales se encuentran en las mayores condiciones de impotencia e indefensión.
La guerra exacerba el patriarcado como régimen social, cultural y económico, donde el dominio masculino pretende ser total. Jineth Bedoya, víctima de tortura, secuestro y violencia sexual resume este machismo: «Culturalmente se ha creído que la mujer está preparada para enfrentar tareas que tengan que ver con el hogar y no puede enfrentar otros retos o roles dentro de la sociedad. Cuando una mujer es agredida lo primero que se dice es -ella incitó- porque ella debe estar dentro de unos parámetros sociales establecidos y si se sale de ellos es culpable».
Los datos, a su vez, confirman esta realidad intolerable en Colombia:
Entre 2001-2009 al menos medio millón de mujeres (489.687) fueron víctimas directas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado. En promedio, 170 mujeres fueron víctimas diariamente y siete cada hora. El crudo repertorio de esta violencia sexual va desde violaciones, desnudez forzada, prostitución forzada, esterilización forzada, embarazo forzado, acoso sexual, trata de personas, hasta el control de la vida social. El 82% de las mujeres víctimas de estos delitos manifestaron no haber denunciado por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confiaban en la justicia colombiana (Casa de la Mujer & Oxfam).
Dada esta situación, con el representante Iván Cepeda y el apoyo de Pilar Rueda, defensora delegada para los derechos de las niñas, niños, jóvenes y mujeres de la Defensoría del Pueblo, el pasado 24 de julio radicamos un proyecto de ley que busca armonizar la normatividad nacional con los estándares internacionales frente a este tipo de delitos y crear mecanismos que contribuyan a disminuir tanto la total impunidad (99%), como a superar las barreras institucionales para garantizar el derecho de acceso a una justicia pertinente y oportuna.
Esta iniciativa contribuirá a precisar los casos en los que la violencia sexual se constituye en un crimen de guerra o de lesa humanidad, que de acuerdo a la normatividad internacional, no prescribe y puede ser reclamado, investigado y juzgado en cualquier momento por ser una práctica que ofende a toda humanidad.
Esperamos se constituya en una herramienta legislativa para la verdad, la justicia y la reparación. La paz en Colombia empieza por el respeto al cuerpo de las mujeres.
Columna de Angela Robledo para el periódico La Patria